La muerte de Mayra, una jirafa de cuatro años, y de un pingüino de Humboldt volvió a encender las alertas en ZooLeón. La alcaldesa Alejandra Gutiérrez defiende inversiones y transparencia; sin embargo, los antecedentes obligan a mirar más arriba: ¿qué están haciendo el Gobierno de Guanajuato y las autoridades federales encargadas de vigilar el manejo de fauna silvestre?
ANDREA QUINTERO
Dos animales muertos en menos de una semana serían suficientes para exigir explicaciones. El problema en el Zoológico de León es que no son los primeros.
El domingo 27 de septiembre murió Mayra, una jirafa de apenas cuatro años que, de acuerdo con el propio zoológico, no presentaba lesiones externas ni antecedentes recientes de enfermedad. Días antes había muerto también un pingüino de Humboldt de 11 meses, que permanecía bajo vigilancia y tratamiento médico desde el 18 de septiembre. En ambos casos se recurrió a un patólogo veterinario externo para determinar las causas.
La explicación definitiva todavía depende de las necropsias. Pero la discusión ya no puede reducirse a dos expedientes médicos.
ZooLeón arrastra una serie de fallecimientos, accidentes y cuestionamientos que durante 2026 han convertido cada nueva baja en una pregunta incómoda para las autoridades.
De acuerdo con información obtenida vía transparencia, sólo durante el primer semestre de 2026 el zoológico reportó 37 bajas de animales por distintas causas.
En julio, además, murieron dos monos araña: uno fue sometido a eutanasia humanitaria por una enfermedad crónica e irreversible y otro falleció tras complicaciones de un proceso infeccioso.
Ese mismo mes murió Oldie, una jirafa de 21 años, luego de quedar atorada al intentar alcanzar un árbol y caer. El caso volvió a cuestionar las condiciones de infraestructura y los protocolos internos del parque. A esas muertes se sumaron previamente ejemplares como un puma hembra, una loba canadiense, una loba marina y otros animales.
Y el antecedente más grave ocurrió en diciembre de 2025, cuando una jauría ingresó al espacio donde permanecían 24 borregos muflones y provocó la muerte de todos ellos.
¿Cuántas señales hacen falta para que las autoridades externas al propio zoológico intervengan con mayor profundidad?
La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, salió a defender la administración del zoológico. Aseguró que durante su gobierno se ha invertido en instalaciones, alimentación y cuidado animal, y sostuvo que actualmente existe más transparencia que en administraciones anteriores.
“Cuando llegamos no había control absolutamente de nada, estaba en pésimas condiciones […] se morían animales, no lo reportaban” —afirmó la alcaldesa.
También aseguró que ha solicitado una “revisión de todo”, aunque hasta ahora no ha precisado públicamente quién realizará esa revisión, si se tratará de una auditoría formal ni cuáles serán sus alcances.
El argumento puede explicar lo que encontró al comenzar su administración, lo que no explica es lo que ocurre en la actualidad.
Decir que antes había peores condiciones o menos transparencia no responde por qué, después de inversiones, cambios de personal, revisiones e inspecciones municipales, siguen acumulándose decesos y accidentes.
Hasta la mañana de este viernes 2 de octubre, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo no ha hablado sobre las dos muertes más recientes ni del anuncio estatal de revisión extraordinaria al zoológico.
Y pese a que el Gobierno estatal no tiene la misma responsabilidad jurídica que la administración del recinto o la Federación sobre todos los aspectos del manejo de fauna silvestre. Políticamente resulta válido preguntar si un episodio reiterado de muertes de animales en uno de los principales zoológicos del estado merece algo más que silencio.
La gobernadora ha concentrado buena parte de su agenda en restablecer la seguridad tras la crisis de violencia que se vive actualmente en la zona y aunque tiene razones para hacerlo, que la violencia sea prioritaria no convierte automáticamente al bienestar animal en un asunto menor.
Las muertes en ZooLeón no comenzaron esta semana y tampoco surgieron de improviso. Por eso la pregunta para el Gobierno estatal es sencilla: ¿esperará a que ocurra otro caso para involucrarse públicamente?
También existe una responsabilidad federal que debe ponerse sobre la mesa.
Los zoológicos que manejan fauna silvestre están sujetos a regulación federal. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es la autoridad encargada del registro de instalaciones que manejan vida silvestre fuera de su hábitat natural, ya sea bajo esquemas como UMA o PIMVS, dependiendo de sus características y finalidades.
La Profepa, órgano encargado de hacer cumplir la legislación ambiental federal, establece que las inspecciones a zoológicos tienen como finalidad verificar las condiciones en las que permanecen los ejemplares, el cumplimiento de los planes de manejo, su procedencia legal y el trato digno y respetuoso.
Profepa ya conoce los antecedentes del Zoológico de León. En diciembre de 2025 realizó una inspección y determinó una clausura total temporal después de detectar presuntas irregularidades. Ante las nuevas muertes, la pregunta ya no es si tiene facultades para intervenir, sino si volverá a hacerlo y qué seguimiento dio a las observaciones realizadas entonces.
Un zoológico alberga animales de diferentes edades y condiciones médicas. No toda muerte implica automáticamente negligencia, y algunos de los casos registrados en León tienen explicaciones clínicas documentadas, como enfermedades crónicas, infecciones o decisiones de eutanasia destinadas a evitar sufrimiento. Por ello, las evaluaciones técnicas independientes son necesarias.
Sin embargo, también sería irresponsable mirar cada muerte como un episodio aislado cuando existen antecedentes de fallas de infraestructura, accidentes y una cantidad creciente de cuestionamientos.
El propio reglamento vigente del Parque Zoológico de León obliga a considerar criterios de bienestar animal en el manejo de las especies bajo su responsabilidad.
La idea no es que la discusión se convierta en una pelea política entre quién heredó qué problema, sino garantizar la seguridad y vida de los seres sintientes que habitan el lugar.
Alejandra Gutiérrez asegura que el zoológico está mejor que antes. El Gobierno de Guanajuato, hasta ahora, no ha colocado el tema entre sus mensajes públicos prioritarios.
Y las autoridades ambientales federales tienen facultades para inspeccionar, por lo que se espera que lo hagan pronto.
Mientras tanto, los nombres cambian: Oldie, Mayra, monos araña, un pingüino, lobos, pumas, muflones. Pero la pregunta permanece.
¿Cuántos animales más tendrán que morir antes de que una nueva revisión externa determine, con pruebas, qué está pasando en el Zoológico de León y si las irregularidades detectadas anteriormente fueron realmente corregidas?