El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto presidencial que abre formalmente la puerta para diluir la protección federal del lobo mexicano y del lobo gris. Esto con el propósito de flexibilizar las regulaciones ambientales actuales para la eliminación letal y el control de la población de estos ejemplares en territorio estadounidense, bajo el argumento de la protección a rancheros y sus actividades económicas.  

Bajo la orden ejecutiva denominada “Apoyo a los ganaderos”  firmada el pasado viernes 4 de septiembre de 2026, Trump instruyó al Departamento del Interior a realizar una evaluación exhaustiva en un plazo de 90 días. El objetivo primordial es determinar si ambas especies han cumplido con los criterios de recuperación suficientes para ser reclasificadas a una categoría menor o ser excluidas por completo de la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA). De aprobarse el dictamen, el gobierno estadounidense podría retirar los amparos ambientales en estados fronterizos como Arizona y Nuevo México, lugares donde estas especies radican en gran medida, y facilitar la emisión de permisos de caza de lobos.

Washington argumentó que la población ganadera estadounidense enfrenta graves afectaciones económicas provocadas por los depredadores. Según el gobierno de Trump, las leyes de conservación vigentes limitan la defensa de los productores a sus rebaños en un momento en que el sector ganadero lidia con costos elevados derivados del monopolio del procesamiento de carne en su país, por lo que justificaron la necesidad de dotar a los productores de herramientas para mantener a flote su economía.

No obstante, esta decisión ha provocado el rechazo inmediato de la comunidad científica internacional y de organizaciones de conservación global, como el Center for Biological Diversity. Los expertos recuerdan que el lobo mexicano es una de las subespecies de lobo más raras y amenazadas del planeta. Hacia finales de 2025, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. (FWS) contabilizaba apenas entre 317 y 319 ejemplares en vida silvestre en toda la franja fronteriza estadounidense. Los científicos advierten que la especie mantiene grandes desafíos de diversidad genética, por lo que debilitar su estatus legal tiraría por la borda décadas de costosos esfuerzos binacionales de recuperación. Asimismo, las agrupaciones ambientalistas rebatieron los argumentos económicos de Trump, demostrando con datos oficiales que las bajas de ganado atribuidas a los lobos representan menos del 1% del total regional.

Ante este escenario en México, la respuesta del gobierno y de la comunidad científica ha sido de profunda preocupación y reclamo diplomático. En este sentido la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó de que el lobo mexicano es una especie transfronteriza sujeta a estrictos protocolos internacionales por lo que cualquier decisión que altere la gestión de la fauna compartida debe regirse obligatoriamente a través de una estrecha coordinación bilateral entre Estados Unidos y México, rechazando cualquier decisión unilateral desde Washington.

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) alertaron sobre el grave riesgo que corre el programa de conservación en territorio nacional. Apenas en julio de 2025, México celebró el hito histórico de lograr que el lobo mexicano saliera de la categoría de “extinto en vida libre” para ser considerado “en peligro de extinción”. Sin embargo, la población silvestre estimada en el país ronda apenas entre los 30 y 35 ejemplares libres en la Sierra Madre Occidental.

Biólogos y especialistas mexicanos advirtieron que ambos países manejan al lobo mexicano como una población genética conjunta. Debido a que no se han alcanzado las metas globales del Plan de Recuperación, la pérdida o caza de ejemplares del lado estadounidense colapsaría la línea genética, condenando de forma indirecta a la extinción de la incipiente población reintroducida en México. Por ahora, la caza no ha sido autorizada, pero el destino del mamífero terrestre más emblemático del norte del continente depende de la revisión de 90 días que ya corre contrarreloj en las oficinas de Washington.

EMILIANO RUIZ