Claudia Sheinbaum destacó que es importante conocer las verdaderas motivaciones detrás del paro nacional de transportistas para evitar desinformación. Recalcó que no sólo se trata de temas de seguridad.
EMILIANO RUIZ
El paro nacional de transportistas, convocado para este lunes 26 de octubre, ha puesto sobre la mesa un debate profundo que va más allá de las demandas tradicionales. Aunque las organizaciones convocantes colocaron las condiciones de seguridad en las carreteras como el motivo principal de sus protestas, el gobierno federal ha señalado que existen intereses económicos y fiscales de gran envergadura detrás de esta movilización.
Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum, enfatizó la necesidad de transparentar los verdaderos motivos del movimiento para evitar la desinformación entre la ciudadanía. La mandataria aclaró que, si bien la seguridad es una preocupación legítima y permanente, el detonante central del descontento actual es una reciente modificación en las reglas de deducción de impuestos que afecta directamente a los corporativos más grandes del sector.
Para entender la inconformidad de las cúpulas transportistas, es necesario remontarse al año 2002. En ese entonces, el gobierno federal implementó un estímulo fiscal diseñado para aliviar los altos costos operativos derivados del pago de peajes en las carreteras de cuota y para incentivar la formalización del sector. Este mecanismo permitía a las empresas de autotransporte terrestre de carga y de pasajeros utilizar el 50% de sus gastos en casetas como un crédito directo contra el Impuesto sobre la renta (ISR).
Bajo este esquema, el beneficio era doble: las empresas registraban el peaje como un gasto operativo deducible y, simultáneamente, el Estado les otorgaba el derecho de restar la mitad de ese monto de su carga tributaria anual frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El escenario cambió con la decisión del gobierno de Sheinbaum de ajustar los criterios de elegibilidad para este estímulo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redujo el tope de ingresos permitidos para acceder al beneficio, bajando el umbral de facturación anual de 300 millones a 250 millones de pesos.
De acuerdo con las autoridades financieras, este recorte responde a que las grandes corporaciones del transporte experimentaron un crecimiento sostenido desde el año 2020, lo que derivó en un uso desmedido de esta ventaja fiscal. Con esta modificación, el gobierno federal proyecta recuperar alrededor de 4,500 millones de pesos anuales, fondos que serán destinados a equilibrar el presupuesto público.
La postura de la presidencia es que el ajuste obedece a un principio de justicia distributiva. La mandataria defendió la medida asegurando que los pequeños transportistas y los choferes independientes mantienen intacto el derecho al estímulo, por lo que su economía no se verá vulnerada. En contraste, la nueva regulación impacta de forma exclusiva a un grupo selecto de aproximadamente 170 grandes empresas que concentran los mayores volúmenes de ingresos en el país y que ahora deberán pagar sus impuestos de manera completa.
A pesar de las diferencias en el discurso, los canales institucionales se mantienen abiertos para destrabar el conflicto. Las organizaciones afectadas, entre las que destaca la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), iniciaron un proceso de diálogo coordinado por la Secretaría de Gobernación, bajo la dirección de Rosa Icela Rodríguez.
Asimismo, se anticipa la instalación de mesas de trabajo conjuntas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional. Estas reuniones de carácter permanente buscarán atender las demandas de los transportistas en materia de vigilancia y protección en la red carretera del país, un tema prioritario para los operadores en activo. Los encuentros formales entre las autoridades y los representantes gremiales comenzaron formalmente a partir de las 11:00 horas de este lunes.
