Naciones Unidas reconoce algunos avances en la localización de personas, una historia llevada al cine recuerda que la búsqueda de justicia sigue abierta. 

ANDREA QUINTERO

Mientras México recibía en Naciones Unidas un reconocimiento por la localización de más de 16 mil personas durante 2026 por un lado y observaciones contrarias por otro, en el Festival Internacional de Cine de Morelia una madre llevaba a la pantalla el dolor de una década de lucha por justicia. Dos acontecimientos ocurridos este martes 20 de octubre que colocaron en el centro de la discusión una misma realidad: los avances institucionales frente a las desapariciones y las historias de las familias que todavía esperan respuestas.

Lorena Gutiérrez, madre de Fátima, una niña de 12 años asesinada en el Estado de México, encabezó una actividad de memoria y solidaridad con motivo de la exhibición de Querida Fátima, documental que participa en la competencia oficial del festival. La producción, realizada de manera colectiva bajo el liderazgo de la propia Lorena, reconstruye su exigencia de justicia y la lucha que ha sostenido desde el feminicidio de su hija. 

La convocatoria contempló una instalación de siluetas femeninas de madera frente al Cinépolis del centro de Morelia, así como un encuentro para visibilizar otros casos y ofrecer muestras de acompañamiento a las familias. La película también documenta las gestiones de Lorena para obtener una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum, una petición que, de acuerdo con los testimonios recogidos en la producción, no había conseguido concretarse.

Aunque el caso de Fátima corresponde a un feminicidio y es correcto contabilizarlo automáticamente como una desaparición vigente, su historia comparte con las familias buscadoras una demanda central, que las víctimas no sean olvidadas y que las instituciones garanticen verdad, justicia y acompañamiento.  

La ONU reconoce avances, pero mantiene observaciones

En paralelo, durante la presentación de su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada, Juan Pablo Albán Alencastro, reconoció los resultados de México en la localización de más de 16 mil personas durante 2026. Sin embargo, también pidió mantener la cooperación internacional y recordó que el país continúa enfrentando una crisis con más de 130 mil personas desaparecidas, de acuerdo con los registros oficiales. El reconocimiento de Juan Pablo Albán Alencastro también estuvo acompañado de un llamado a mantener la cooperación internacional y continuar los esfuerzos para enfrentar esta problemática, que sigue representando uno de los principales desafíos del país.

Pese al reconocimiento, México y el Comité mantienen diferencias sobre la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, rechazó la interpretación del organismo y sostuvo que el Estado mexicano no consiente ni tolera este delito. Además, señaló que actualmente las desapariciones son cometidas principalmente por organizaciones criminales y, en algunos casos, con participación de autoridades municipales, por lo que reiteró la disposición del gobierno federal a mantener el diálogo y la cooperación internacional. 

El Comité solicitó que la situación mexicana sea examinada por la Asamblea General mediante el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas. La instancia internacional señaló que existen indicios de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, aunque precisó que sus conclusiones no establecen por sí mismas la responsabilidad internacional del Estado mexicano ni identifican una política federal dirigida a cometer estos delitos.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, defendió las acciones emprendidas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y reiteró que la localización de personas desaparecidas es una prioridad nacional. También sostuvo que México mantiene una política de diálogo y cooperación con organismos internacionales, aunque rechazó la interpretación del Comité sobre la aplicación del artículo 34.

La Secretaría de Gobernación destacó que la Estrategia Nacional de Búsqueda incluye mecanismos de búsqueda inmediata, coordinación entre autoridades, nuevas herramientas de identificación y un grupo de nueve especialistas que revisará las metodologías del registro nacional. Medina reconoció, además, que actualmente grupos delictivos y, en algunos casos, autoridades municipales participan en estos delitos, por lo que insistió en el compromiso de combatir la impunidad y proteger los derechos de las familias.

Y mientras el gobierno mexicano presenta resultados y organismos internacionales reconocen avances sin dejar de señalar desafíos, Querida Fátima lleva al terreno cultural una exigencia que no puede resolverse únicamente con estadísticas. La historia de Lorena Gutiérrez recuerda que la localización de personas, el esclarecimiento de los crímenes y el acceso a la justicia son responsabilidades que requieren respuestas sostenidas.

El contraste entre Nueva York y Morelia no elimina los avances ni las demandas pendientes, pero muestra dos dimensiones de una misma tarea nacional, en la que cada persona localizada representa un resultado importante, pero cada familia que continúa buscando verdad y justicia recuerda cuánto trabajo falta por hacer.