En el marco de Auditoría Superior Federal al órgano, e investigaciones a través del Órgano Interno de Control (OIC) al menos 23 personas y 18 empresas se encuentran bajo escrutinio por presuntas irregularidades administrativas.

El Órgano Interno de Control (OIC) del INE informó a la Cámara de Diputados que mantiene bajo investigación a 23 personas y 18 empresas por posibles irregularidades administrativas, principalmente relacionadas con contrataciones públicas. Entre los investigados se encuentran 15 funcionarios y ex funcionarios del organismo, además de ocho particulares. El informe también reporta 20 sanciones administrativas desde enero de 2025, entre ellas 19 inhabilitaciones y una suspensión de 30 días, así como tres multas que, en conjunto, ascienden a 1.6 millones de pesos.

De acuerdo con el documento remitido al Congreso, el OIC abrió 16 expedientes de investigación entre 2025 y 2026, de los cuales 11 están vinculados con contrataciones públicas. A estas indagatorias se sumaron otras 25 investigaciones derivadas de seis auditorías y ocho revisiones de control interno. Además, el pasado 9 de octubre, el organismo notificó al INE 45 cédulas de observaciones preliminares relacionadas con la adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios.

Los hallazgos incluyen posibles actos de colusión, abuso de funciones, documentación falsa o alterada, gastos sin comprobar y adjudicaciones a empresas que presuntamente no contaban con la capacidad necesaria para cumplir sus contratos. El órgano fiscalizador también detectó posibles omisiones en declaraciones patrimoniales, ingresos no reportados por hasta 5.6 millones de pesos y depósitos bancarios que requieren aclaración, algunos relacionados con proveedores del instituto. Estos señalamientos permanecen sujetos a investigación y no constituyen, por sí mismos, responsabilidades comprobadas.

Las revisiones también identificaron deficiencias en la planeación, administración, supervisión y pago de contratos, así como indicios de posibles conflictos de interés. De cuatro expedientes examinados, tres presentaron elementos relacionados con el presunto ocultamiento de dichos conflictos, mientras que el restante continúa bajo investigación. Ante este panorama, Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del OIC, planteó fortalecer la coordinación con los órganos de control de los institutos electorales estatales y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el objetivo de mejorar la vigilancia de los recursos públicos y establecer criterios de contratación más uniformes.

La entrega del informe coincidió con la renuncia formal de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, presentada el lunes 26 de octubre. Tras conocerse los señalamientos, José Elías Lixa, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, anunció que promovería la comparecencia del titular del OIC para conocer los avances de las investigaciones. Por su parte, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), reconoció que las indagatorias continúan abiertas y recordó que las personas señaladas tienen derecho a presentar pruebas en su defensa.

El OIC precisó que las investigaciones seguirán su curso y que los casos en los que se acrediten faltas administrativas graves serán turnados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). La salida de Taddei no cierra los expedientes ni resuelve las sospechas: ahora corresponde a las autoridades esclarecer las irregularidades señaladas, determinar responsabilidades y garantizar que los recursos destinados a las elecciones se administren con transparencia.