Ayotzinapa: llamadas, celulares y funerarias abren nuevas pistas sobre los 43
Doce años después de la noche de Iguala, millones de…
Doce años después de la noche de Iguala, millones de documentos y registros telefónicos vuelven a hablar. El Gobierno federal presentó nuevas conexiones entre integrantes de Guerreros Unidos, policías, servidores públicos y personas vinculadas con funerarias; varias de esas pistas permanecieron durante años dispersas dentro del expediente.
La investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa entró en una nueva etapa. A 12 años de los ataques ocurridos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, el Gobierno federal informó que el reanálisis tecnológico de llamadas, expedientes y peritajes permitió abrir nuevas líneas para tratar de reconstruir qué ocurrió con los jóvenes.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, explicó que la instrucción del gobierno de Claudia Sheinbaum fue no comenzar la investigación desde cero, sino revisar nuevamente el enorme volumen de información acumulado y aprovechar herramientas tecnológicas para encontrar relaciones que antes pudieron pasar inadvertidas.
La Fiscalía General de la República reportó un avance cercano al 90% en la revisión y digitalización de aproximadamente cinco millones de documentos. Medina subrayó que la tecnología funciona como una herramienta de apoyo y no sustituye el trabajo de investigadores y peritos.
Uno de los resultados más relevantes provino del análisis de registros telefónicos de 2014 y 2015, especialmente de las comunicaciones registradas alrededor de la madrugada de la desaparición. Las autoridades buscan establecer quién habló con quién y qué vínculos existían entre integrantes de Guerreros Unidos, policías, servidores públicos y particulares.
De acuerdo con lo informado por el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán Álvarez, registros de comunicaciones permitieron profundizar en la relación del empresario Rodolfo “N”, vinculado con la funeraria El Ángel, con personas investigadas por posibles nexos con Guerreros Unidos. También apareció en esa red Irving “N”, relacionado con comunicaciones que hoy forman parte de la indagatoria.
La relevancia de esa línea aumenta porque la familia vinculada con la funeraria también tenía relación con la operación del Servicio Médico Forense de Iguala. Durante diligencias realizadas en esos inmuebles fueron localizados restos humanos y documentación que ahora es sometida a análisis; las autoridades investigan además irregularidades administrativas relacionadas con el manejo y registro de cuerpos.
Sin embargo, hasta ahora no se ha acreditado que los restos encontrados correspondan a alguno de los 43 normalistas. En marzo, representantes de las familias señalaron precisamente que los restos localizados debían someterse a estudios científicos antes de establecer cualquier vínculo con los estudiantes.
Otra de las rutas que vuelven a cobrar relevancia son los teléfonos de los jóvenes.
Las autoridades revisan aparatos y líneas telefónicas de estudiantes que registraron actividad después de su desaparición, con el objetivo de identificar quiénes tuvieron acceso a ellos y si esas personas estuvieron relacionadas con los hechos.
El uso posterior de teléfonos de algunos normalistas no es completamente nuevo: desde años atrás existían registros de actividad en líneas como la de Jorge Aníbal Cruz Mendoza después de los ataques. El nuevo modelo de investigación pretende cruzar esos antecedentes con información adicional sobre propietarios de aparatos, contactos, funcionarios y policías que estuvieron en servicio durante aquella noche.
Desde 2019, las autoridades han intervenido 1,931 sitios en nueve municipios de Guerrero, seleccionados a partir de declaraciones, testimonios e indicios que han generado posibles nuevos puntos de búsqueda de los estudiantes, de acuerdo con lo presentado durante el informe.
El Gobierno sostuvo que las búsquedas continuarán conforme surjan nuevos datos de las investigaciones.
La investigación también mantiene abiertas líneas relacionadas con la participación de Guerreros Unidos y agentes de distintas corporaciones del Estado. Desde 2022, la Comisión para la Verdad concluyó que la desaparición de los estudiantes constituyó un crimen de Estado, en el que confluyeron integrantes de la organización criminal y agentes de instituciones públicas.
El reanálisis de expedientes también ha producido nuevas acciones judiciales. En agosto de 2026, la FGR informó de la detención y posterior vinculación a proceso de Ángel “N”, exgobernador de Guerrero, por su probable participación en desaparición forzada bajo la hipótesis de que habría ocultado información relevante para la investigación.
Una de las vertientes que el Gobierno federal decidió profundizar es la de las videograbaciones captadas por las cámaras del Palacio de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.
De acuerdo con la presentación oficial, durante 12 años no se investigó de manera suficiente el paradero de esas imágenes, pese a que las cámaras se encontraban frente a uno de los puntos donde algunos de los estudiantes desaparecieron.
La relevancia es evidente: las grabaciones pudieron haber registrado momentos clave para reconstruir lo ocurrido, identificar a quienes intervinieron y establecer el posible destino de los normalistas.
Los elementos reunidos llevaron ahora a investigar la probable participación de servidores públicos estatales en el ocultamiento de esas videograbaciones. Esta línea permanece abierta y forma parte de los temas que la investigación federal determinó profundizar.
Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, las autoridades reportaron 30 detenciones vinculadas con las distintas líneas del caso:
Este balance se suma a las órdenes de aprehensión y procesos derivados del reanálisis de telefonía, funerarias, Semefo, videograbaciones y declaraciones.
La nueva etapa de investigación no se limita al expediente.
Los operativos en territorio son realizados por equipos integrados por arqueólogos, antropólogos, criminalistas, ingenieros, biólogos, espeleólogos y especialistas en fotografía, audio y video forense, además de agentes ministeriales y personal de distintas instituciones.
Según las condiciones de cada terreno, las búsquedas utilizan maquinaria, georradares, drones, binomios caninos y otras herramientas tecnológicas.
Esto complementa el dato de los 1,931 sitios intervenidos en nueve municipios de Guerrero desde 2019, derivados de testimonios, declaraciones e indicios que han abierto nuevos puntos de búsqueda.
El Gobierno federal también colocó como eje de esta etapa la participación de las familias de los 43 estudiantes.
La Secretaría Técnica de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa informó de visitas a 35 núcleos familiares en 16 puntos de Guerrero y Morelos, con el propósito de mantener comunicación directa, acompañamiento y seguimiento.
Las autoridades sostuvieron que las madres y los padres continuarán participando en la estrategia de búsqueda, verdad y justicia.
La presentación gubernamental definió cinco prioridades inmediatas:
Doce años después, el caso Ayotzinapa sigue sin una respuesta definitiva sobre el destino de los 43. Pero la investigación federal asegura haber abierto rutas que durante años permanecieron dispersas o insuficientemente exploradas: teléfonos utilizados después de la desaparición, comunicaciones entre policías, criminales y particulares, funerarias y Semefo bajo investigación, videograbaciones cuyo paradero sigue bajo sospecha y nuevos puntos de búsqueda.
El reto ya no es solamente encontrar más indicios, sino demostrar qué ocurrió con ellos y convertirlos en verdad judicial.
ANDREA QUINTERO
