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Una declaración del gobernador Alejandro Armenta el día de ayer, 18 de septiembre, durante su conferencia de prensa en la CDMX, sobre el riesgo de colocar a una mujer al frente de municipios con presencia delictiva abrió cuestionamientos. Sin embargo, si se toma en cuenta el contexto de los municipios Esperanza y Tepeyahualco, la composición de sus concejos y las decisiones previas del ejecutivo, resulta obvio que la discusión es más amplia que una sola frase, misma que hoy lo ha puesto en el centro de una nueva discusión pública: “es muy delicado proponer a una mujer” en un lugar donde la delincuencia se ha apoderado del territorio.
Separada del resto de su respuesta, la expresión abrió cuestionamientos sobre la visión del mandatario respecto a la participación de las mujeres en puestos de poder. Sin embargo, revisar qué se le preguntó, de qué municipios hablaba y cuáles han sido otras decisiones de su administración permite colocar la polémica en un terreno más amplio. Populus estuvo presente en la mencionada conferencia del gobernador poblano y el mandatario estatal no hizo la declaración en referencia de manera general a las capacidades de las mujeres para gobernar. El planteamiento surgió al ser cuestionado por la decisión de colocar a hombres al frente de los concejos municipales de Esperanza y Tepeyahualco, dos demarcaciones que atraviesan circunstancias extraordinarias luego de la desaparición de sus ayuntamientos y de investigaciones contra autoridades municipales.
“Para mí es muy delicado proponer a una mujer en un lugar donde la delincuencia se apoderó desde años atrás” –expresó el gobernador. Posteriormente explicó que su razonamiento estaba relacionado con el riesgo que, desde su perspectiva, representan zonas donde existen antecedentes de robo de vehículos y operación de grupos delictivos. La declaración puede ser cuestionada: ¿la inseguridad debe influir en el género de quien gobierna o corresponde al Estado garantizar protección suficiente para cualquier persona que asuma el cargo? Esa discusión permanece abierta. Pero presentar la expresión como una postura general sobre la incapacidad de las mujeres para ejercer el poder omite otros elementos del propio caso.
Los concejos de Esperanza y Tepeyahualco no quedaron integrados exclusivamente por hombres ni las mujeres fueron excluidas de sus estructuras de gobierno. El Congreso del estado aprobó el pasado 12 de septiembre que el Concejo Municipal de Esperanza estuviera conformado por cinco hombres y cinco mujeres. Además del presidente Raúl Pineda Raygoza, forman parte del organismo Berenice Heredia Bustos, Luisa López Flores, Irais Magdalena Gutiérrez Durán y Mónica Peralta Paredes, mientras que María Ivette Huerta Velázquez ocupa la sindicatura.
En Tepeyahualco ocurre prácticamente lo mismo. Aunque la presidencia quedó en manos de Eduardo Vázquez Márquez, el concejo también tiene una integración de cinco mujeres y cinco hombres: Marycarmen Díaz Jaramillo, Abigail Mollano Salazar, Yoselin Avelino Fernández, María Elena Soto Hernández y la síndica Carmen Teresa López Castillo forman parte del órgano municipal.
El gobernador, argumentó que prefería perfiles masculinos con experiencia previa en el servicio municipal debido a las condiciones de seguridad de ambos territorios. Se trata de su explicación y aunque no elimina el debate respecto a si el género debe considerarse un factor para tomar una decisión de esa naturaleza, existe además, otro antecedente que muestra que esta declaración no debe interpretarse como una posición general de Armenta respecto a las mujeres en cargos relacionados con seguridad y justicia.
En diciembre de 2024, el Congreso poblano entregó al Ejecutivo una lista de aspirantes para ocupar la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, el titular del Poder Ejecutivo devolvió una terna integrada por Idamis Pastor Betancourt, Pedro Federico Bermúdez Tepox y Fernando Iván Castillo Pérez. Es decir, una mujer fue incluida por el Ejecutivo entre las tres personas consideradas para encabezar una de las instituciones de mayor responsabilidad en materia de procuración de justicia en Puebla. Finalmente, el Congreso eligió a Idamis Pastor con 34 votos a favor, por lo que quedó al frente de la Fiscalía General del Estado para el periodo comprendido entre diciembre de 2024 y diciembre de 2031. Este dato introduce un antecedente relevante, pues la administración encabezada por Armenta Mier participó en un proceso institucional que colocó a una mujer entre las posibilidades para dirigir la Fiscalía y el Congreso terminó designándola.
Resulta fácil señalar a un gobernante por una frase suelta cuando no se analizan las acciones completas de su administración. La presencia femenina no sólo se limita a la Fiscalía. Actualmente, varias dependencias estatales de distintas áreas están encabezadas por mujeres: Yadira Lira Navarro es secretaria de las Mujeres; Ana Laura Altamirano Pérez de Agricultura y Desarrollo Rural, y Laura Artemisa García Chávez, es secretaria de Bienestar; además hay otras funcionarias que ocupan posiciones dentro del gabinete estatal. De las 17 secretarías del gobierno de Armenta Mier, 9 son encabezadas por mujeres y 8 por hombres. Lo que quiere decir que cerca del 52% son mujeres.
Su presencia tampoco constituye, por sí sola, una respuesta suficiente frente a los cuestionamientos derivados de la declaración. Tener mujeres en cargos públicos no impide que una expresión determinada pueda ser sometida a escrutinio. Pero sí hace necesario distinguir entre una declaración pronunciada frente a una situación específica de seguridad y una política sistemática destinada a impedir que las mujeres ocupen posiciones de decisión.
El contraste también puede hacerse desde la política pública. Para 2026, el programa Mujer Rural Emprendedora dispone de 100 millones de pesos y amplió su cobertura de aproximadamente cinco mil beneficiarias en 2025 a 15 mil mujeres de las 31 microrregiones del estado, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Para 2027, la administración estatal plantea aumentar la inversión a 150 millones de pesos. La Secretaría de las Mujeres mantiene además programas relacionados con prevención de violencias, igualdad sustantiva y los Centros LIBRE, estos últimos operados mediante coordinación entre distintos niveles de gobierno.
La discusión, entonces, tiene dos planos. Por un lado, está la frase: que Armenta efectivamente dijo, al señalar que consideraba delicado exponer a una mujer al frente de municipios afectados por la delincuencia, una posición susceptible de ser cuestionada desde la igualdad en el acceso al poder y desde la obligación del Estado de garantizar seguridad sin distinción de género. Por el otro están los hechos: aunque los municipios de Esperanza y Tepeyahualco atraviesan circunstancias excepcionales, sus concejos tienen una integración paritaria de cinco mujeres y cinco hombres. Hoy hay mujeres ocupan secretarías estatales y puestos de decisión en el gobierno poblano y una de las instituciones encargadas de enfrentar precisamente a la delincuencia, la Fiscalía General del Estado, está encabezada por Idamis Pastor, quien fuera propuesta por el Ejecutivo.
Por eso, entre el titular que provoca polémica y la historia completa existe una distancia. La declaración puede debatirse, pero para determinar qué dice realmente sobre la política del gobierno de Puebla hacia las mujeres también es necesario mirar quiénes toman decisiones, qué cargos ocupan y qué políticas se han implementado.
ANDREA QUINTERO
