La justicia cerró un expediente, pero dejó abierta una herida que ni las disculpas ni las indemnizaciones han conseguido sanar.

ANDREA QUINTERO

Cuarenta personas murieron encerradas en una estancia migratoria bajo responsabilidad del Estado mexicano. Otras 27 sobrevivieron con lesiones y secuelas. Tres años después, el funcionario que encabezaba el Instituto Nacional de Migración (INM) quedó fuera del proceso penal sin recibir una condena. Este martes 13 de octubre, el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón declaró extinguida la acción penal contra Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del organismo, por el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Una resolución legal que deja un cuestionamiento inevitable: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de quienes dirigen las instituciones cuando estas fallan de manera tan devastadora?

Una tragedia de 40 muertes que terminó sin condena para el extitular del INM

La tragedia ocurrió en la Estancia Provisional Lerdo-Stanton, cerca del puente internacional Lerdo, en Ciudad Juárez, donde decenas de migrantes permanecían bajo custodia de las autoridades mexicanas. El incendio se propagó mientras los hombres estaban encerrados, dejando 40 personas fallecidas y 27 lesionadas. La propia CNDH acreditó violaciones graves a los derechos a la vida, la integridad, la seguridad personal y el trato digno, derivadas de actos y omisiones del personal migratorio. No se trata, por tanto, de una simple falla administrativa, sino de una tragedia que evidenció consecuencias mortales en las condiciones de custodia de personas que dependían de la protección del Estado.

Garduño fue vinculado a proceso en abril de 2023 por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, no por homicidio. Sin embargo, el 24 de enero de 2025 obtuvo una suspensión condicional que le permitió evitar la continuación del juicio si cumplía determinadas obligaciones, entre ellas indemnizar a las víctimas, ofrecer una disculpa pública y acreditar capacitaciones en derechos humanos y protección civil. Durante la audiencia de este martes, que se prolongó por más de siete horas, el juez consideró satisfechas esas condiciones y sobreseyó la causa penal 237/2023, con efectos equivalentes a una sentencia absolutoria. Así terminó el proceso contra quien encabezaba el organismo responsable de la instalación donde ocurrió el incendio.

Para la justicia bastó cumplir; para las víctimas, no

Mientras la defensa acreditaba el cumplimiento de las obligaciones impuestas, sobrevivientes y familiares expresaron su rechazo al cierre del caso. De acuerdo con los reportes de la audiencia, algunos cuestionaron la atención médica recibida y consideraron insuficiente la disculpa pública de Garduño. La Fiscalía General de la República (FGR), por su parte, no se opuso a la terminación del procedimiento al considerar satisfechas las condiciones legales. Mientras las instituciones dieron por cumplidos los requisitos para cerrar el expediente, las víctimas insistieron en que el daño sufrido continúa afectando sus vidas.

Lo más indignante del caso no es únicamente que Garduño haya evitado una condena penal, sino la distancia entre una resolución jurídicamente válida y la exigencia de justicia de quienes perdieron a sus familiares. El sistema penal mexicano contempla mecanismos alternativos para concluir determinados procesos, pero su aplicación en una tragedia de esta magnitud abre un debate legítimo sobre la responsabilidad de los altos funcionarios. Las indemnizaciones son necesarias, las disculpas forman parte de la reparación y las capacitaciones pueden prevenir nuevas tragedias; ninguna de esas medidas, por sí sola, devuelve las 40 vidas perdidas ni sustituye la obligación del Estado de esclarecer todas las responsabilidades.

El expediente de Garduño está cerrado, pero por la tragedia de Ciudad Juárez permanecen otras causas penales vinculadas con el incendio y una obligación institucional de garantizar que ninguna persona vuelva a quedar atrapada en una instalación gubernamental sin posibilidad de salvarse. Es importante mencionar que una cosa es que la justicia mexicana considere satisfechos los requisitos para extinguir una acción penal y otra, muy distinta, que las víctimas hayan recibido la justicia que reclaman.