La comunidad de San Andrés Tzirondaro, en el Municipio de Quiroga,  se consolidó como el autogobierno número 56 en Michoacán el pasado 18 de octubre. 

EMILIANO RUIZ 

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó la decisión de la comunidad de San Andrés Tziróndaro, perteneciente al municipio de Quiroga, la cuál aprobó, mediante consulta ciudadana, su incorporación al modelo de autogobierno, con lo que se suma al esquema de presupuesto directo. Con un total de 808 votos a favor, la comunidad decidió transitar al cuarto nivel de gobierno, convirtiéndose en la número 56 en el estado en adoptar este sistema. A través del autogobierno, los habitantes deciden de manera directa y autónoma el destino de los recursos financieros que por ley les corresponden.

Ramírez Bedolla puntualizó que este avance responde al mandato constitucional de reconocer, garantizar y promover los derechos humanos de los pueblos originarios. Asimismo, enfatizó que este logro es resultado de una reforma integral a la legislación en materia indígena promovida por su administración, la cual permitió elevar a rango constitucional al menos 22 derechos fundamentales.

Cabe destacar que el pasado 11 de octubre, la comunidad de Huecorio, en el municipio de Pátzcuaro, también aprobó su transición hacia el autogobierno, consolidando el compromiso del Gobierno de Michoacán con el reconocimiento y la justicia social para los pueblos indígenas.

¿Qué es un autogobierno?

El portal oficial del gobierno de Michoacán define este modelo como un sistema en el que una comunidad, grupo o pueblo tiene la capacidad de tomar decisiones y gestionar sus propios asuntos internos con autonomía y sin ninguna clase de interferencia. En este sentido, las personas que lo conforman tienen plena soberanía sobre su territorio, recursos naturales, cultura, educación, salud, justicia y otros aspectos del entorno sobre el que una sociedad se construye. 

El primer autogobierno en Michoacán nació en Cherán. En 2011, el pueblo se organizó por su cuenta para defenderse de la inseguridad y la tala ilegal de sus bosques. Sin embargo, fue hasta 2016 cuando las autoridades electorales del país reconocieron formalmente su gobierno comunitario. Fue a través de la creación de su propio cuerpo de seguridad y tras la expulsión de partidos políticos –mediante mecanismos jurídicos en torno a los pueblos indígenas, respaldados por organizaciones internacionales como la ONU– que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció su derecho histórico a regirse bajo sus propios sistemas normativos.