El contrabando internacional de cigarrillos se perfila como una nueva actividad ilícita vinculada con las fuentes de financiamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El viernes 6 de noviembre de 2026, la Secretaría de Marina (SEMAR) dio a conocer los resultados de una serie de operaciones de inteligencia que permitieron identificar redes de distribución y rutas utilizadas para introducir tabaco ilegal al territorio mexicano.

De acuerdo con la dependencia, entre 2024 y 2026 fueron decomisados 481 millones de cigarrillos, equivalentes a 678 toneladas, cuyo valor comercial se estima en 2,375 millones de pesos. La Marina señaló que estos aseguramientos representan una afectación económica para organizaciones delictivas, principalmente el CJNG, que ha diversificado sus actividades más allá del narcotráfico hacia delitos como la extorsión, el robo de hidrocarburos y el lavado de dinero.

Los resultados de las operaciones muestran un crecimiento considerable en el volumen de mercancía asegurada. Mientras que en 2024 se decomisaron 15 millones de cigarrillos, en 2025 la cifra aumentó a 215 millones y, durante el periodo reportado de 2026, alcanzó los 251 millones. Sin embargo, la SEMAR precisó que los aseguramientos corresponden a distintas operaciones contra el contrabando, por lo que no todos los cargamentos pueden atribuirse directamente al CJNG.

Las investigaciones también permitieron rastrear conexiones comerciales y logísticas con diez países y territorios de Asia y Medio Oriente: Vietnam, Singapur, Corea del Sur, Japón, Sri Lanka, Tailandia, Camboya, China, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán. Uno de los mecanismos que podrían utilizar estas redes consiste en “triangular” el paso de las mercancías a través de diferentes países antes de enviarlas a México, una práctica que dificulta identificar su procedencia original. Según los registros de la Marina, 470 de las 678 toneladas aseguradas llegaron por vía marítima, mientras que 198 fueron transportadas por avión y las 10 restantes ingresaron por tierra.

La dependencia explicó que la detección de estas operaciones fue posible mediante el intercambio de información entre autoridades aduaneras, financieras, portuarias y aeroportuarias. En particular, los Grupos de Análisis de Riesgo, integrados por personal de Aduanas, la Unidad Naval de Protección Portuaria y la Unidad de Inteligencia Naval, analizan documentación y movimientos comerciales para identificar posibles irregularidades relacionadas con evasión fiscal y contrabando.