La nueva legislación permitirá realizar trámites y servicios gubernamentales mediante transferencias, tarjetas y códigos QR. También abre la posibilidad de establecer pagos exclusivamente electrónicos en determinados sectores, aunque persisten preocupaciones por la exclusión de quienes no tienen acceso a servicios bancarios.

CLAUDIA LLACA

El Senado de la República aprobó hoy, martes 20 de octubre, la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo federal que busca reducir la dependencia del efectivo y acelerar la adopción de nuevas tecnologías financieras en México. La legislación establece que las autoridades federales, estatales y municipales deberán habilitar mecanismos de pago electrónico para facilitar el cumplimiento de trámites, contribuciones y servicios públicos. Entre las opciones contempladas se encuentran las transferencias bancarias, tarjetas de débito y crédito, códigos QR y otras herramientas digitales que permitan realizar operaciones sin utilizar dinero en efectivo.

Uno de los puntos más relevantes es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá determinar los sectores y actividades económicas donde se establezcan pagos exclusivamente digitales, así como los plazos y condiciones para su implementación. Sin embargo, la medida contempla excepciones. Cuando existan fallas tecnológicas, problemas de conectividad o circunstancias que impidan utilizar estos sistemas, se permitirá temporalmente el pago mediante efectivo o cheques.

Inclusión financiera, el principal desafío

El gobierno federal sostiene que la nueva ley facilitará las operaciones comerciales, reducirá costos administrativos y contribuirá a incorporar más negocios a la economía formal. También afirma que con ella se busca ampliar el acceso a servicios financieros y modernizar los mecanismos de recaudación gubernamental.

No obstante, legisladores de oposición advirtieron que la transición podría perjudicar a personas que no cuentan con cuentas bancarias, teléfonos inteligentes o conexión estable a internet, particularmente en comunidades rurales y sectores de bajos ingresos. Esta preocupación resulta especialmente relevante en entidades como Puebla, donde conviven importantes centros urbanos con localidades rurales en las que el acceso a infraestructura digital y servicios financieros es desigual. Para pequeños comerciantes, productores agrícolas y adultos mayores acostumbrados al uso de efectivo, la transición hacia sistemas electrónicos podría representar dificultades si no se acompaña de alternativas accesibles y capacitación.

La legislación plantea así un desafío que va más allá de incorporar nuevas tecnologías: garantizar que la modernización de los pagos no se convierta en una barrera para quienes todavía dependen del dinero en efectivo. Tras su aprobación en el Senado, el proyecto ha sido enviado al Ejecutivo federal para continuar con el proceso de publicación correspondiente.