CLAUDIA LLACA

El sistema de contratación de materiales electorales en México enfrenta un nuevo escándalo. Investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) identificaron una presunta red de empresas, relacionadas entre sí, que obtuvo contratos millonarios por más de una década. Durante una comparecencia ante la Cámara de Diputados, el 30 de octubre, el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que ocho compañías acumularon operaciones por 8,870 millones de pesos con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026. De esa cantidad, aproximadamente 3,790 millones correspondieron a contrataciones con organismos electorales, incluidos 430 millones directamente con el INE. Aunque estos montos no representan un fraude comprobado, muestran la dimensión de las operaciones bajo escrutinio.

Empresas que simulaban competir entre sí

Uno de los principales hallazgos involucra a cinco compañías: Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast de México. De acuerdo con el OIC, estas empresas acumularon contratos por 2,461 millones de pesos con organismos electorales locales entre 2014 y 2025. Las auditorías detectaron vínculos entre representantes legales, apoderados y personas relacionadas con las compañías. Entre los nombres identificados destacan los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.

El mecanismo investigado consistía en presentar ofertas aparentemente independientes para simular competencia e influir en los precios de referencia de las licitaciones. También se identificaron casos en los que una empresa ganadora subcontrataba a otra que había participado en el mismo concurso.

El chofer de Guadalupe Taddei y sus posibles vínculos empresariales

Las irregularidades también alcanzaron a personas relacionadas con el propio instituto. Jonathan Navarrete Torres, contratado en abril de 2025 como chofer adscrito a la oficina de Guadalupe Taddei, presidenta del Consejo General del INE, había recibido en junio de 2023 un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo ZEG, una de las empresas investigadas. 

Sin embargo, esa representación no apareció en su declaración patrimonial de junio de 2026, lo que abrió cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés. Otro caso es el de Jesús Octavio García González, quien fue representante jurídico de empresas proveedoras de materiales electorales antes de ocupar, entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, la Dirección Ejecutiva de Administración del INE como encargado de despacho.

Contratos sospechosos también en los estados

El esquema investigado no se limitó al INE. En 2021, cuando Guadalupe Taddei presidía el Instituto Estatal Electoral de Sonora, ese organismo adjudicó un contrato de más de 40 millones de pesos a Cajas Graf, quien había participado en la licitación con Formas Finas y Materiales. Ambas empresas fueron posteriormente identificadas como parte del mismo grupo empresarial.

También se localizaron contrataciones con compañías relacionadas en otras entidades, entre ellas Jalisco, Nuevo León y Veracruz. Los hallazgos apuntan a posibles irregularidades que se extendieron durante distintas administraciones y procesos electorales. Más allá de los montos involucrados, el caso plantea una pregunta central: cómo lograron empresas con vínculos comunes participar durante tantos años en contrataciones públicas destinadas a organizar las elecciones en México.