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¿Qué irregularidades llevaron a funcionarios de CFE, Sedena, SAT e IMSS a recibir inhabilitaciones de hasta una década? La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó el pasado domingo 20 de septiembre que 47 personas servidoras públicas y una empresa fueron sancionadas por faltas administrativas graves y no graves, con destituciones, suspensiones, inhabilitaciones y multas que en conjunto ascienden a 4.6 millones de pesos.
Rodrigo C., adscrito a la División de Distribución Centro Oriente de la CFE, recibió una inhabilitación por 10 años y una sanción de 33 mil pesos, luego de que la autoridad determinara que presentó nueve incapacidades médicas en 2024 que no fueron reconocidas por la autoridad de salud competente, con las que habría buscado evitar el descuento de 22 días de salario.
Entre los casos reportados se encuentran irregularidades relacionadas con comprobación de recursos, pagos laborales y defensa de créditos fiscales. En algunos expedientes, las inhabilitaciones llegaron a 10 años, además de destituciones y sanciones económicas.
Cinco servidoras públicas del IMSS fueron inhabilitadas por un año
En el Centro Médico Nacional de Occidente, en Jalisco, fueron inhabilitados cinco trabajadores por un caso ocurrido en 2021 relacionado con el diagnóstico de una hemorragia cerebral; de acuerdo con el comunicado, la falta de detección oportuna impidió proporcionar el tratamiento adecuado y contribuyó al fallecimiento de un paciente.
Las medidas impuestas en estas dependencias van desde suspensiones temporales hasta inhabilitaciones, dependiendo de la conducta acreditada por las autoridades.
Aunado a esto, la empresa D. fue inhabilitada durante cuatro años y recibió una multa de 3.1 millones de pesos, luego de que la autoridad señalara que presentó facturas de vehículos alteradas para aparentar el cumplimiento de requisitos en una licitación de servicios de transporte en 2021.
Finalmente, Buen Gobierno precisó que las faltas graves son sancionadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mientras que las no graves corresponden a la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, conforme a la legislación en materia de responsabilidades administrativas.
ANDREA QUINTERO
