En 1996, mientras México enfrentaba problemas bastante reales, la televisión nacional dedicó amplios espacios a los supuestos avistamientos del Chupacabras. Noticieros, entre ellos, espacios de TV Azteca, difundieron testimonios y reportes sobre una criatura cuya existencia nunca fue comprobada científicamente.

El fenómeno no fue exclusivo de una televisora. Sin embargo, Hechos Noche, uno de los noticieros más populares de la época, participó en aquella fiebre “informativa” que convirtió a una criatura jamás acreditada científicamente en protagonista de la televisión nacional. La ciencia pedía evidencia; Azteca Uno ya tenía testimonios, mapas y horario estelar.

Treinta años después, el debate ya no es si el Chupacabras tenía alas, colmillos o residencia en otro planeta. La pregunta ahora es más incómoda para las televisoras y radiodifusoras: ¿quién responde cuando un medio presenta información falsa, descontextualizada o una opinión disfrazada de noticia?

Las audiencias ya no serán simples espectadoras

Durante su conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los lineamientos elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para proteger los derechos de las audiencias.

La mandataria sostuvo que el acceso a información veraz constituye un derecho constitucional y recordó que la protección de radioescuchas y televidentes ha sido una exigencia planteada durante años por distintos sectores de la sociedad.

Los lineamientos se encuentran en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto. Durante este periodo podrán participar las audiencias, concesionarios, instituciones académicas y organizaciones civiles, con el propósito de presentar observaciones antes de que el documento sea aprobado y publicado.

De aprobarse en los términos planteados, los lineamientos serán obligatorios para concesionarios de radio, televisión abierta, televisión de paga y empresas programadoras. Ahora, medios como Azteca Uno no necesitarán contratar cazadores de criaturas sobrenaturales, pero sí deberán contar con mecanismos claros para responder a sus audiencias.  

Derechos de las audiencias  

Entre los derechos incluidos se encuentra recibir información veraz y oportuna, así como distinguir claramente entre una noticia y la opinión de un conductor.

También deberá existir una separación clara entre la publicidad y el contenido informativo, para evitar que un anuncio pagado sea presentado como si se tratara de una investigación periodística.

Los lineamientos contemplan además el derecho de réplica y medidas de accesibilidad para personas con discapacidad. Asimismo, los medios tendrán la responsabilidad de evitar la difusión de información falsa o descontextualizada, así como el uso de imágenes antiguas presentadas como si correspondieran a hechos actuales.

La propuesta retoma derechos incorporados a la Constitución desde 2013. Posteriormente fueron desarrollados en la reforma de telecomunicaciones de 2014, debilitados por una contrarreforma en 2017 y recuperados después de que la Suprema Corte considerara que eliminarlos representaba un retroceso. Finalmente, la nueva legislación de 2025 volvió a establecerlos.

Códigos de ética, defensores y quejas

Cada televisora o estación de radio deberá registrar y difundir un código de ética que reconozca expresamente los derechos de las audiencias, establezca criterios editoriales y explique el procedimiento para presentar inconformidades.

También tendrá que designar a una persona defensora de las audiencias, quien deberá actuar con imparcialidad e independencia, mientras que el procedimiento para atender las quejas deberá ser transparente.

El mecanismo no comenzará con una sanción gubernamental, sino dentro del propio medio.

Cuando una persona considere vulnerados sus derechos, podrá presentar una queja ante la defensoría de audiencias del medio. La persona defensora analizará el caso, solicitará la información correspondiente y deberá emitir una respuesta en un plazo máximo de 20 días hábiles. Si determina que hubo una vulneración, podrá formular una recomendación al concesionario.  

Si el medio no atiende la recomendación, la persona afectada podrá acudir a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Las sanciones y multas se contemplan como última instancia del procedimiento.

La jefa del ejecutivo federal subrayó que el objetivo central no es castigar ni censurar a los medios, sino impulsar su autorregulación y ofrecer a la ciudadanía una vía para exigir correcciones.

Las redes sociales pueden respirar… por ahora

La regulación abarca únicamente radio y televisión. La prensa, los portales digitales y las plataformas sociales permanecen fuera de estos lineamientos, pues su posible regulación todavía forma parte de una discusión más amplia.

Por ahora, el algoritmo, los videos manipulados y los titulares fabricados para conseguir clics todavía pueden dormir tranquilos. La televisión y la radio, en cambio, deberán comenzar a explicar cómo garantizan que sus contenidos respeten a quienes están del otro lado de la pantalla.

El cambio puede parecer técnico, pero tiene una carga política importante: Los grandes medios ya no podrían responder únicamente bajo sus propios criterios, pues tendrían que habilitar procedimientos formales para recibir quejas y, en última instancia, responder ante la autoridad reguladora, por lo que las audiencias pasarían de ser simples consumidoras a convertirse en titulares de derechos, con herramientas para reclamar cuando una televisora confunda información con propaganda, opinión con noticia o espectáculo con periodismo.

La libertad de expresión y la libertad editorial seguirán protegidas, pero los lineamientos plantean que su ejercicio no elimina la responsabilidad de distinguir entre información, opinión, publicidad y propaganda. Porque una cosa es ejercer la libertad editorial y otra convertir un rumor en noticia nacional, ponerle mapa, música de suspenso y esperar que la audiencia se lo crea.

TV Azteca sobrevivió al Chupacabras. Si los lineamientos avanzan, ahora tendrá que enfrentarse a una criatura mucho más peligrosa: una audiencia informada, organizada y con mecanismos para exigirle cuentas.