La contratación de servicios vinculados con TV Azteca y Totalplay por parte del Ayuntamiento de Puebla abrió un nuevo frente político entre autoridades emanadas de la Cuarta Transformación, luego de que el gobernador Alejandro Armenta Mier cuestionara el que gobiernos municipales destinen recursos a empresas que, acusó, mantienen una campaña de descalificación contra administraciones gubernamentales, por medio chantajes.
El tema surgió después de que se difundieran documentos sobre contratos por más de 26 millones de pesos relacionados con la administración encabezada por José “Pepe” Chedraui. Ante la polémica, el alcalde sostuvo que la documentación difundida era falsa y aseguró que los contratos fueron cancelados en 2025. También afirmó que durante este año no existe ningún convenio vigente con dichas empresas.
La controversia adquiere otra dimensión debido al enfrentamiento que el Gobierno de Puebla mantiene con TV Azteca. En meses pasados Armenta Mier ha acusado públicamente a la televisora de intentar presionar a su administración mediante una propuesta de contratación de publicidad oficial por 2 mil 350 millones de pesos a cambio de frenar críticas negativas, planteamiento que el mandatario estatal calificó como un intento de extorsión y que aseguró haber rechazado.
Durante su conferencia de prensa de este 9 de septiembre, el gobernador fue cuestionado directamente sobre los contratos atribuidos al gobierno de Chedraui con TV Azteca y Totalplay. El mandatario estatal retomó una expresión de la presidenta Claudia Sheinbaum y sostuvo que dentro de la Cuarta Transformación “no hay que zigzaguear”.
“O estamos a favor de la Cuarta Transformación o no” —expresó el mandatario, quien también agregó que considera incorrecto “caer en el chantaje”.
El señalamiento del gobernador fue más allá del caso particular de la capital poblana. Armenta cuestionó que los ayuntamientos destinen recursos públicos a empresas que, desde su perspectiva, ejercen presión sobre los propios gobiernos a través de sus espacios de comunicación y de la opinión pública.
En ese sentido, sostuvo que el debate no debe reducirse únicamente a determinar si un contrato continúa vigente o fue cancelado, sino a reflexionar sobre la relación que mantienen los gobiernos emanados de la 4T con empresas a las que el propio movimiento acusa de ejercer presión o mantener una línea sistemática de descalificación.
“Lo importante es que los que integramos la 4T no le demos financiamiento a esas empresas que hacen propaganda contra los propios gobiernos, por contrato o por fuera”, señaló Armenta.
Aunque el cuestionamiento surgió a partir del caso de José Chedraui, Armenta señaló que la situación no sería exclusiva de Puebla capital. Afirmó que existirían entre ocho y diez ayuntamientos que financian a TV Azteca y adelantó que alguna instancia podría dar a conocer posteriormente esa información.
Armenta evitó plantear directamente una sanción contra Chedraui y sostuvo que corresponde a Morena revisar la actuación de las autoridades postuladas por el partido. “Eso le toca al partido”, respondió, al señalar que las fuerzas políticas también deben asumir responsabilidad por los perfiles que eligen como candidatos.
La polémica abre así una discusión más amplia dentro de la 4T poblana: hasta dónde debe llegar la relación institucional y comercial de sus gobiernos con empresas de comunicación a las que el propio movimiento señala de ejercer presión y mantener una postura crítica contra sus administraciones.
ANDREA QUINTERO