Cruzar la frontera dejó de ser un trámite rutinario para varios integrantes de la política mexicana. Desde gobernadores y alcaldes hasta funcionarios federales, legisladores y miembros del Poder Judicial han reconocido públicamente que Estados Unidos les retiró la visa, mientras decenas de casos permanecen ocultos bajo la confidencialidad consular.

La dimensión real del fenómeno todavía es incierta. Reuters informó, con base en fuentes mexicanas, que la administración de Donald Trump había revocado las visas de más de 50 políticos y funcionarios como parte de su estrategia contra los cárteles y sus presuntos aliados políticos. Sin embargo, la agencia aclaró que la mayoría de los nombres aún no se ha hecho pública, debido a que el Departamento de Estado mantiene bajo confidencialidad los expedientes consulares.

Uno de los perfiles que más atención ha generado es el de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, quien confirmó en mayo de 2025 que el Gobierno estadounidense había cancelado su visa, luego de que investigaran a su entonces esposo y colaborador Carlos Torres Torres, por presunto lavado de dinero, delitos fiscales y tráfico ilegal de combustible; ambos han negado tener vínculos con actividades ilícitas.  

En el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, la noticia de la revocación de su visa estadounidense fue revelada en abril de 2026 por el periodista Steve Fisher, corresponsal de Los Ángeles Times. De acuerdo con el reporte, el documento le habría sido retirado desde 2025, aunque en ese momento las fuentes consultadas no precisaron el motivo de la decisión. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró entonces que no tenía conocimiento oficial sobre la cancelación.

Días después, el caso dejó de limitarse a una medida migratoria. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por su presunta colaboración con integrantes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses sostienen que habrían facilitado operaciones de narcotráfico a cambio de sobornos y respaldo político; el mandatario rechazó los señalamientos.

De acuerdo con los medios estadounidenses Los Ángeles Times y New York Times Alfonso Durazo, actual gobernador de Sonora fue señalado de supuestamente sostener vínculos con el crimen organizado, al igual que Américo Villarreal Anaya, jefe del ejecutivo estatal de Tamaulipas, sin embargo, ambos rechazaron las versiones; Villarreal incluso mostró su visa. 

Posteriormente se dieron a conocer más perfiles de otros cargos, entre ellos, resuena el nombre de Norma Alicia Bustamante, alcaldesa de Mexicali y su esposo Luis Samuel Guerrero Delgado, cuya visa fue revocada cuando intentaba cruzar a California el pasado 08 de agosto, ahí mismo se le informó sobre la situación del visado de su esposa. 

Mediante una publicación en sus redes sociales, el alcalde de Nogales, Sonora Juan Francisco Gim, confirmó la misma situación durante los primeros días de agosto de 2025, “Mantengo la tranquilidad y la conciencia en paz” afirmó en Facebook.

Por otro lado, el primer funcionario federal a quien se le retiró el documento fue al extitular de Investigación Aduanera, Alex Tonatiuh Márquez Hernández, quien, tras ser acusado por presuntos delitos asociados al huachicol, en diciembre de 2025 fue separado de su cargo en la Agencia Nacional de Aduanas de México.  

Diez días después de criticar los aranceles al jitomate impuestos por el gobierno norteamericano, el priista y exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, dio a conocer al periodista Ciro Gómez Leyva que el 31 de julio de 2025 le comunicaron la noticia sobre la revocación de su visado.

Dos meses después de la noticia de Astudillo Flores, el diputado federal Mario Alberto López Hernández del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue retenido 12 horas por agentes aduanales en el paso Matamoros, Tamaulipas cuando intentaba entrar a Brownsville, Texas, ahí el documento le fue retirado y pese a que en un principio el mexicano negó esta noticia, finalmente se confirmó el hecho, aunque las autoridades norteamericanas no aclararon el motivo de la retención y de la cancelación de la visa.  

Mientras tanto, en el Poder Judicial, el caso del abogado yucateco Hernán José Vega Burgos, dio de que hablar luego de que el gobierno de Estados Unidos lo acusara de sostener presuntos nexos con una banda de explotación sexual, por lo que, en febrero del año pasado, su visa le fue retirada.  

Finalmente, uno de los perfiles que más ha causado revuelo es el del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, noticia que se dio a conocer en junio de este año en el marco de una exhaustiva investigación. De acuerdo con medios nacionales, el político tendría supuestos nexos con el crimen organizado y el contrabando de combustible.  

Algo que llamó la atención de este caso es que, de acuerdo con el columnista Raymundo Riva Palacio, las autoridades mexicanas tenían previo conocimiento de esta situación y advirtió que este fue el primer político de una lista del círculo cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador.    

La lista sigue creciendo, pero también las dudas. Mientras Washington guarda silencio sobre las causas y México conoce los casos principalmente por filtraciones, la visa se ha convertido en una herramienta capaz de provocar sospechas, presión política y desgaste público sin que necesariamente exista una sentencia de por medio