Casi una década después ¿Qué ha pasado con los damnificados del terremoto del 2017?
Nueve años después de uno de los episodios más trágicos…
Nueve años después de uno de los episodios más trágicos en la historia moderna de la capital, el proceso de restitución de vivienda para las familias damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 entra a una etapa de cierre definitivo. Con una inversión acumulada que alcanza los 14,000 millones de pesos, las estadísticas del Gobierno de la Ciudad de México sitúan el avance de las obras por encima del 97%, perfilando la conclusión de los últimos proyectos habitacionales.
El martes 19 de septiembre de 2017, un terremoto de magnitud 7.1 con epicentro en los límites de Puebla y Morelos, sacudió con extrema violencia la zona central del país. En la Ciudad de México, el movimiento telúrico provocó el colapso inmediato de decenas de estructuras y causó la muerte oficial de 228 personas. A nivel patrimonial, los Censos Oficiales de la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX e informes del CENAPRED validaron afectaciones superiores a las 22,000 viviendas, sumando tanto hogares unifamiliares como departamentos en conjuntos multifamiliares. Las comunidades y alcaldías con mayores estragos materiales se concentraron en dos perfiles urbanos diferenciados: por un lado, las zonas de Benito Juárez, Cuauhtémoc y Coyoacán con el derrumbe y daño severo de edificios de departamentos, y por el otro, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, golpeadas por grietas generalizadas en el suelo y el colapso de miles de viviendas unifamiliares.
Tras el siniestro, la población afectada experimentó un desplazamiento forzado. Miles de familias tuvieron que recurrir a campamentos provisionales en la vía pública, mudarse temporalmente con familiares o depender del subsidio de apoyo para renta otorgado institucionalmente mientras se definía el destino técnico de sus predios dañados. Para atender la emergencia, el Plan Integral para la Reconstrucción de la CDMX planteó un modelo de subsidio directo para la rehabilitación o reconstrucción total de los inmuebles sin costo para los damnificados de bajos recursos, gestionado de forma directa mediante la Comisión para la Reconstrucción y, posteriormente, con el apoyo del Instituto de Vivienda local (INVI). Dicha estrategia recurrió a la unificación de constructoras privadas bajo supervisión estatal y, en el caso de multifamiliares, a esquemas de construcción de departamentos adicionales para venta con el fin de autofinanciar parte de los proyectos arquitectónicos.
Sin embargo, el proceso enfrentó severas críticas y manifestaciones de colectivos de damnificados a lo largo de los años. Los principales reclamos ciudadanos documentados por la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX incluyeron:
falta de escrituras vigentes en predios familiares y la lentitud en los dictámenes de suelo postergaron el inicio de las obras durante años. Además en diversos complejos habitacionales, como en el caso de Tlalpan 550, los condóminos denunciaron que las autoridades pretendían entregar las estructuras únicamente reforzadas y en acabados básicos, transfiriendo los costos de habitabilidad interna a los propietarios. Ante este escenario, vecinos afectados manifestaron su inconformidad por acuerdos tomados de manera unilateral entre dependencias y constructoras que presentaron anomalías o fraudes iniciales, dejando desprotegidos los reclamos por daños y perjuicios de los usuarios.
De acuerdo con las estadísticas institucionales presentadas en septiembre de 2026 por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, un total de 20,556 familias han recuperado formalmente su vivienda, habiendo recibido las llaves de inmuebles totalmente reconstruidos y adaptados a las normativas vigentes de resiliencia estructural. Por otra parte, la situación del porcentaje de damnificados que continúan sin retornar a su hogar se divide en dos aristas de atención: por un lado, 1,360 viviendas en fase final de obra que se encuentran en proceso de edificación o rehabilitación activa con un porcentaje de avance físico superior al 60%, estimándose entregas escalonadas de dos a tres edificios por mes en las distintas demarcaciones. En otra mano, 225 viviendas sin iniciar distribuidas en 10 inmuebles que se concentran en la Cuauhtémoc, la Benito Juárez y otras zonas como Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Predios que permanecen paralizados debido a su alta complejidad geotécnica problemas de desocupación voluntaria por desacuerdos condominales o, fundamentalmente, por litigios legales y juicios sucesorios activos que impiden la liberación presupuestal de la obra. Mientras las construcciones concluyen, estas familias mantienen el esquema de apoyos económicos mensuales para mitigar los gastos de vivienda provisional.
EMILIANO RUIZ
