La investigación federal por la red de huachicol fiscal atribuida a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna abrió un nuevo capítulo luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) localizara el 7 de septiembre, en una bodega ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, armas sin registro, objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y documentación de seguridad nacional clasificada como reservada y confidencial. 

La bodega cateada se ha relacionado por lo pronto con Manuel Roberto Farías Laguna, ex vicealmirante de la Secretaría de Marina, y ya es considerada una pieza relevante en de las investigaciones que encabeza la FGR sobre una estructura dedicada presuntamente al ingreso ilegal de hidrocarburos al país. Medios nacionales reportaron que la bodega era arrendada por el exmando naval y que el cateo permitió asegurar documentos vinculados con personal de la Marina y aduanas marítimas.  

La fiscal general de la república, Ernestina Godoy, informó que las investigaciones apuntan a que Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, conocidos como “Los Primos”, habrían tenido un papel relevante dentro de la estructura investigada, particularmente para garantizar la importación, traslado, almacenamiento y distribución del combustible introducido ilegalmente a México.  

Influencia en movimientos dentro de aduanas y Marina 

Uno de los datos más relevantes revelados por la Fiscalía es que ambos hermanos habrían utilizado su influencia para intervenir en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México y la propia Secretaría de Marina. 

La FGR sostiene que estos movimientos habrían permitido colocar personal en posiciones estratégicas para facilitar las operaciones de la red. Las acusaciones forman parte de los datos de prueba que actualmente son analizados dentro de los procesos judiciales correspondientes.  

El caso está relacionado con la investigación iniciada tras el aseguramiento, en marzo de 2025, del buque Challenge Procyon y el posterior decomiso de 10 millones de litros de diésel en Altamira, Tamaulipas, operativo que permitió a las autoridades profundizar en una presunta red de contrabando de hidrocarburos.  

Godoy deslinda a la Marina como institución  

Ante las implicaciones de personal naval dentro de la investigación, Ernestina Godoy enfatizó que las conductas atribuidas a algunos integrantes no deben trasladarse a toda la institución. La fiscal sostuvo que “la responsabilidad es individual y todo acto ilegal será sancionado”, al señalar que la actuación de determinados servidores públicos no implica que la Secretaría de Marina como institución se encuentre corrompida. Las investigaciones continúan para determinar el alcance de la red, establecer quiénes participaron en las operaciones y esclarecer cómo documentación clasificada y expedientes de altos mandos navales terminaron almacenados en el inmueble localizado en la Ciudad de México. 

ANDREA QUINTERO