“No hay impunidad en Puebla, se respeta la ley sea quien sea”. Con esa frase, el gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier fijó postura frente a un caso que puso bajo la lupa a una de las áreas más sensibles de cualquier gobierno municipal: la seguridad pública.

La declaración surgió después de la detención de Antonio Hernández Pacheco, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco, quien hoy enfrenta una investigación por su probable responsabilidad en abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho.

En conferencia de prensa, el jefe del ejecutivo estatal sostuvo que las investigaciones y las decisiones judiciales deben seguir su curso sin importar el cargo de la persona involucrada. También remarcó que corresponde a las autoridades ejecutar las determinaciones de los tribunales a partir de las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Esta captura no fue producto de una detención improvisada. De acuerdo con la Fiscalía del estado, difundida mediante el boletín 428, anteriormente existía una orden de aprehensión librada por un juez de Control con sede en Atlixco, misma que fue cumplida por agentes investigadores el pasado viernes 14 de agosto.  La escena, sin embargo, tuvo una particularidad.   

Hernández Pacheco se encontraba trasladándose a una misión después de que la Policía Municipal recibió el reporte de un posible asalto a un cuentahabiente en Atlixco. Según la versión proporcionada posteriormente por la presidenta municipal, Ariadna Ayala Camarillo, el llamado provocó un despliegue y una persecución; durante ese operativo se produjo la intervención de las autoridades estatales.

Reportes periodísticos ubicaron la aprehensión sobre la Vía Atlixcáyotl, en las inmediaciones de la autopista Siglo XXI y la Hacienda San Agustín. Agentes ministeriales ejecutaron el mandamiento judicial con apoyo de elementos estatales.

Pese a las tres acusaciones que se le atribuyen al exfuncionario es importante mencionar que conocer el nombre de los delitos no significa conocer todas las conductas concretas que la Fiscalía le atribuye a Hernández Pacheco. 

El Código Penal del Estado de Puebla contempla dentro del artículo 419 diferentes supuestos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal cometidos por servidores públicos. Entre ellos se encuentran actos arbitrarios, la negativa indebida a prestar un servicio que se tiene obligación de proporcionar o determinados incumplimientos vinculados con las responsabilidades del cargo.

Por otro lado, el cohecho tiene una definición más concreta. El artículo 426 establece, entre otros supuestos, que incurre en este delito el servidor público que solicite o reciba ilícitamente dinero o algún beneficio para realizar o dejar de realizar un acto relacionado con sus funciones.

Sin embargo, hasta este miércoles 19 de agosto la Fiscalía no ha precisado públicamente cuál de las distintas hipótesis legales atribuye específicamente a Hernández Pacheco ni ha detallado los hechos que respaldan cada imputación.

Por lo que el proceso todavía no termina, pues durante la audiencia inicial el Ministerio Público presentó los datos de prueba y solicitó que Antonio Hernández Pacheco fuera vinculado a proceso. Su defensa optó por acogerse al plazo constitucional de 144 horas, por lo que la continuación de la audiencia quedó programada para este miércoles 19 de agosto. Mientras se define su situación jurídica, un juez impuso prisión preventiva justificada.

Una eventual vinculación a proceso tampoco equivaldría a una sentencia condenatoria; significaría que el juez considera que existen elementos para que la investigación penal continúe formalmente.

Por lo que, por ahora, el exfuncionario mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad.

La lupa alcanza a otros mandos de seguridad

El caso de Atlixco no ocurre de manera aislada pues solo un mes antes fueron detenidos seis directores de Seguridad Pública municipal: David Velázquez Sandoval, de Chietla; Gonzalo Torres Cardoso, de Tehuitzingo; José Santiago Benítez Arista, de Chila de la Sal; Manuel Martínez González, de Jopala; Ángel Miguel Garrido, de Tlaola, y Evencio Rosas Luna, de Tlapacoya. Con Hernández Pacheco, la cifra llegó a siete mandos municipales detenidos en este contexto.

Parte de aquellas investigaciones se relaciona con una presunta red de protección criminal y con la operación de un narco laboratorio en los límites de Tlapacoya y Jopala. No obstante, hasta ahora la Fiscalía no ha establecido oficialmente que Hernández Pacheco forme parte de esa misma estructura.

Tras la detención del secretario, el gobierno municipal de Atlixco tuvo que llevar acabo un relevo en su área de seguridad, por lo que Juan Manuel Bravo Baxil fue señalado como quien asumiría la responsabilidad de la corporación.

La oposición ve una nueva oportunidad de ataque

El Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla solicitó que se investigue a la presidenta municipal Ariadna Ayala por la permanencia de Hernández Pacheco al frente de Seguridad Pública, una petición partidista que hasta ahora constituye un posicionamiento político y no una imputación penal contra la alcaldesa.

Frente a esos señalamientos y a las investigaciones abiertas contra mandos municipales, el gobernador Alejandro Armenta ha colocado la respuesta de su gobierno en una idea: que sean las investigaciones, los jueces y la ley quienes determinen responsabilidades, independientemente de quién se encuentre involucrado.

ANDREA QUINTERO