El Ministerio del Interior de Francia ha puesto en marcha un operativo de seguridad sin precedentes para este fin de semana, movilizando a más de 70,000 policías y gendarmes en todo el país. Esta drástica medida busca contener una nueva oleada de protestas sociales y evitar que se repitan los violentos disturbios, saqueos y enfrentamientos de la semana pasada, los cuales resultaron en cientos de detenidos y graves daños materiales en las principales ciudades francesas.

El despliegue de las fuerzas del orden incluye el uso de vehículos blindados Centauro, helicópteros, drones de vigilancia y unidades militares de la operación antiterrorista Sentinelle para resguardar puntos estratégicos. La tensión es evidente en París, donde museos emblemáticos como el Louvre y el de Orsay permanecen cerrados, mientras que los comerciantes de los Campos Elíseos han optado por tapiar sus vitrinas ante el temor de nuevos actos vandálicos. Ante este escenario, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, advirtió con firmeza que las fuerzas de seguridad actuarán con absoluta inflexibilidad contra los provocadores.

Las manifestaciones, convocadas por una coalición de sindicatos, colectivos estudiantiles y facciones de los “chalecos amarillos”, reflejan un profundo malestar social alimentado por la crisis del costo de vida, la inflación persistente y las demandas de mejoras en el sistema educativo público, que se encuentra en huelga desde septiembre. La situación se vuelve aún más inflamable este fin de semana debido a la coincidencia con el congreso del partido de Marine Le Pen en Orléans, lo que ha detonado masivas marchas de rechazo a la extrema derecha a solo seis meses de las elecciones presidenciales de mayo de 2027.

La magnitud de la respuesta policial responde directamente a los hechos del fin de semana anterior, cuando marchas pacíficas de más de medio millón de personas fueron infiltradas por grupos radicales de extrema izquierda y black blocs. Estos elementos convirtieron las calles de París, Lyon y Marsella en campos de batalla, atacando comisarías y saqueando comercios en una escalada de violencia que tomó por sorpresa al gobierno y generó duras críticas de la oposición por la falta de previsión. Ante la gravedad de la situación, el presidente Emmanuel Macron respaldó el actual blindaje como una protección necesaria para la población, la infraestructura y las fuerzas de seguridad civil, aunque aseguró que su gobierno garantizará el derecho constitucional a la manifestación y atenderá los reclamos sociales sobre educación y economía.

EMILIANO RUIZ