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Declaraciones de policías señalan la posible presencia de extranjeros en el operativo contra un narcolaboratorio; la FGR investiga al ex fiscal César Jáuregui por presunta traición a la patria, mientras Maru Campos respalda las indagatorias estatales.
NATALIA FRYDMAN
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación por la presunta participación irregular de ciudadanos estadounidenses en un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, en abril de 2026. El caso llevó a la detención del ex fiscal estatal César Jáuregui Moreno, señalado por su probable responsabilidad en el delito de traición a la patria. El 21 de octubre, la FGR informó que un juez le impuso prisión preventiva y que la audiencia para determinar si será vinculado a proceso continuará el 24 de octubre.
El operativo permitió ubicar un presunto centro de producción de metanfetaminas y otras drogas sintéticas. Sin embargo, durante el trayecto de regreso, un accidente vehicular causó la muerte de dos funcionarios de la fiscalía estatal y dos ciudadanos estadounidenses. Aunque algunos medios han señalado que estos últimos eran presuntos integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), las autoridades no han confirmado oficialmente su pertenencia a dicha agencia.
Según declaraciones citadas por Diario.mx, el agente de investigación Javier Gerardo Méndez Montes, afirmó haber visto a cuatro personas que hablaban inglés y portaban armas, tabletas y equipo táctico. De acuerdo con su testimonio, vestían pasamontañas y chalecos balísticos, pero no llevaban insignias que permitieran identificar a qué institución pertenecían.
Otros agentes también describieron la presencia de personas encapuchadas durante el desplazamiento hacia el laboratorio. Miguel Alexis Álvarez Rodríguez declaró que siguió al director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), a integrantes del ejército y a uno de los extranjeros hasta el sitio donde se encontraba la instalación clandestina. Por su parte, Eduardo Antonio Acosta Delgado señaló que el grupo que avanzó al frente estaba integrado por el titular de la AEI, militares y presuntos agentes estadounidenses. Estos relatos han generado cuestionamientos sobre la participación de los extranjeros en el operativo. No obstante, las declaraciones difundidas por la prensa no bastan, por sí solas, para confirmar que se trataba de agentes de la CIA ni para determinar quién autorizó su presencia.
Antes de que la FGR asumiera una línea de investigación federal, el entonces fiscal estatal César Jáuregui negó que los estadounidenses hubieran participado directamente en el operativo. En una explicación difundida por la fiscalía de Chihuahua, sostuvo que la intervención había sido realizada por agentes de la AEI y elementos del Ejército Mexicano.
Según esa versión, los ciudadanos estadounidenses eran instructores de la Embajada de Estados Unidos que impartían un curso de manejo de drones en otra comunidad. Jáuregui afirmó que se incorporaron al convoy durante el regreso y que posteriormente murieron en el accidente vehicular.
La versión contrasta con los señalamientos posteriores de la FGR, que indicó que la presencia de los extranjeros en el operativo no habría estado autorizada y que estos habían acudido previamente a instalaciones de la AEI. La fiscalía federal también sostiene que Jáuregui habría omitido informar oportunamente a las autoridades federales sobre los hechos y que habría compartido información con personas extranjeras. Estas acusaciones forman parte de la investigación y deberán ser examinadas por las autoridades judiciales.
El 24 de abril, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, anunció la creación de una Unidad Especializada para esclarecer los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril, incluido el operativo y el accidente en el que murieron las cuatro personas. La unidad quedó a cargo de Wendy Paola Chávez Villanueva.
Cuatro días después, Campos declinó participar en una reunión de trabajo en el Senado de la República. Su administración argumentó que la decisión buscaba evitar interferencias en las investigaciones y proteger información confidencial. En mayo, la gobernadora defendió la actuación de su gobierno y aseguró que colaboraría con las autoridades federales.
Tras la detención de Jáuregui, el 19 de octubre, Campos afirmó que no se protegería ni perseguiría a ninguna persona y que correspondía a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades. La mandataria sostuvo que su administración atenderá los requerimientos de las instancias federales conforme a la ley.
Las investigaciones estatales y federales buscan esclarecer qué funciones desempeñaban los ciudadanos estadounidenses, cómo se incorporaron al grupo de vehículos y qué funcionarios conocían su presencia. Aunque el caso ha sido relacionado con la CIA, la pertenencia de los extranjeros a esa agencia sigue sin estar confirmada oficialmente.
