Este 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzó una acusación a 10 funcionarios públicos mexicanos por su presunta participación en narcotráfico y delitos relacionados con armas. Entre los acusados se encuentra el Gobernador estatal, Rubén Rocha Moya.

Además del mandatario sinaloense, fueron señaladas otras figuras políticas, supuestamente funcionarios de alto rango de previas o actuales administraciones del gobierno de Sinaloa, todos vinculados presuntamente al Cártel de Sinaloa: Enrique Inzunza Cázarez; Enrique Díaz vega; Damásco Castro Zaavedra; Marco Antonio Almanza; Alberto Jorge Contreras; Gerardo Mérida Sánchez; José Antonio Dionisio; Juan de Dios Gámez y Juan Valenzuela Millán.

Ante este escenario, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)lanzó un comunicado oficial en el que se informa sobre supuestas solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Se presume que no se anexan pruebas en los documentos que expiden  dicha solicitud.

Así mismo la SRE indicó que los documentos fueron recibidos por la Embajada de Estados Unidos y, en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no se cuenta con los elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las que se solicita la detención provisional con fines de extradición. Debido a esto, bajo la Ley vigente de Extradición Internacional, la Fiscalía General de la República (FGR) para evaluar estas solicitudes de acuerdo a la Legislación Mexicana.

Este fue el comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores: https://t.co/frxQvi0qjb