Diez figuras de la política mexicana fueron señalados por autoridades estadounidenses de presunta conspiración con el Cártel de Sinaloa. Entre los acusados se encuentra Rubén Focha Moya, Gobernador del estado de Sinaloa. De probar su culpabilidad todos podrían obtener cadena perpetua como pena máxima, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Por presunta conspiración con líderes del Cártel de Sinaloa, diez funcionarios públicos de alto rango, fueron señalados por colaborar presuntamente en la importación de grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

El anuncio oficial fue presentado  por Jay Clayton, Fiscal Federal del Distrito Sur en Nueva York, quien ha declarado que “El Cártel de Sinaloa es una organización despiadada que ha inundado con drogas peligrosas durante décadas”; y Terrance C. Cole, Administrador de la DEA, quien a su vez señala estas acusaciones como “una revelación del esfuerzo deliberado por socavar instituciones públicas y poner en riesgo la vida de estadounidenses” esto a través del uso de cargos de confianza para proteger operaciones del cártel.

Cabe mencionar que durante su visita a Sinaloa el pasado 23 de abril, el embajador estadounidense Ronald Johnson dio indicios de una presunta campaña en contra de funcionarios públicos de México sospechosos de corrupción y círculos con el crimen organizado. Señalando que “La corrupción no sólo frena al progreso, lo distorsiona”, incrementando considerablemente las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y México. Esto se suma a la cancelación de la VISA estadounidense al gobernador desde 2025.

Estos señalamientos por parte de Estados Unidos  sacudieron al país en las horas vespertinas del 29 de abril, pues no sólo se consolida como  una noticia que tambalea el panorama político al tratarse de un funcionario activo a la cabeza de una de las entidades con uno de los índices de violencia más elevados.

No obstante, según información del portal oficial del Departamento de Justicia, los presuntos señalados son funcionarios del gobierno y del cuerpo policial, que han servido en administraciones anteriores o que forman parte del gobierno actual. Entre ellos se encuentran: Enrique Inzunza Cázarez; Enrique Díaz vega; Damásco Castro Zaavedra; Marco Antonio Almanza; Alberto Jorge Contreras; Gerardo Mérida Sánchez; José Antonio Dionisio; Juan de Dios Gámez y Juan Valenzuela Millán.

Entre los delitos de los que son acusados se encuentra conspiración por la importación de narcóticos, posesión de armas de fuego y artefactos explosivos, así como secuestro. Según el portal oficial del Departamento de Justicia de EE. UU. las penas para los señalados van de los 40 años hasta cadena perpetua, de encontrarse culpables.

En este sentido, surgieron una diversidad de opiniones, algunas provenientes de figuras como Lili Téllez o el PRI  a través de su cuenta oficial de la red social X, refuerzan la narrativa en torno a morena como un “narco partido”; por otra parte figuras como Jorge Álvarez Maynez, se posicionan en una postura más neutral, recomendando al gobierno actual deslindarse del mandatario sinaloense, aperturando a una investigación adecuada; otras opiniones en redes y medios señalan esta situación no como un simple señalamiento, sino como una posible estrategia por parte del Gobierno Estadounidense para desestabilizar a la administración en turno.

Es importante señalar que, a pesar de esta acusación directa al mandatario estatal, no es la primera vez que Rocha se coloca en la mira por presunto vínculo con el crímen organizado y que lo posicionó en el ojo del huracán por lo menos en dos ocasiones en los últimos cuatro años.

Aunado a la información difundida por autoridades estadounidenses, uno de los primeros señalamientos implican un supuesto impulso por parte de “Los chapitos”, hijos del “Chapo” Guzmán, cuando Rocha Moya se lanzó por la candidatura al gobierno estatal de Sinaloa, proporcionando supuestamente sumas millonarias para campaña.

En otra mano se encuentra un grupo de audios que supuestamente implican a Ruben Rocha con la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada el 25 de julio de 2024. En ellos se destaca que el gobernador mantenía comunicación con “Los Chapitos” para efectuar la captura del capo. Sin embargo, a pesar de su difusión en distintos medios de comunicación, aún a la fecha no se ha corroborado la veracidad de dicho material.

Vale la pena resaltar que, pese a la polémica que han generado estas acusaciones, ninguno de estos casos ha sido comprobado oficialmente por autoridades mexicanas, por lo que estos casos aún permanecen como escándalos dentro de la administración del sinaloense. 

Respecto al señalamiento más reciente, figuras como la Presidenta Claudia Sheinbaum no se han pronunciado oficialmente al respecto; el mandatario estatal ha rechazado estas imputaciones en su contra, argumentando que carecen de veracidad y fundamento; otras figuras políticas como Gerardo Fernández Noroña, defienden la posición de Rocha Moya ante las acusaciones.