Acusan a Pepe Chedraui de violencia política de género; regidora lleva señalamientos al IEE
La controversia por el uso de la voz en el…
La controversia por el uso de la voz en el Cabildo de Puebla escaló hasta las autoridades electorales, tras una serie de enfrentamientos y denuncias por presuntas restricciones a la participación política.
Una disputa que comenzó en las sesiones del Cabildo de Puebla llegó al terreno electoral. La regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Shirley Ponce Luna, informó que presentó una denuncia contra el presidente municipal, José Chedraui Budib, por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género, al señalar una serie de conductas que, según su testimonio, han obstaculizado el ejercicio de sus funciones.
En entrevista publicada por e-consulta el miércoles 28 de octubre, Ponce Luna explicó que decidió acudir al Instituto Electoral del Estado (IEE) después de enfrentar presuntas restricciones para intervenir durante las sesiones del Ayuntamiento. La funcionaria también señaló dificultades para obtener información de distintas dependencias municipales, particularmente de la Contraloría, a la que acusó de retrasar respuestas relacionadas con sus quejas.
Los señalamientos tienen como antecedente una controversia registrada el 19 de agosto de 2026, durante una sesión ordinaria de Cabildo. En aquella ocasión, la regidora solicitó una segunda ronda de intervenciones para responder a los posicionamientos de otros integrantes del Ayuntamiento, petición que sustentó en el artículo 56 del reglamento municipal, pero que no fue concedida.
La decisión provocó inconformidad entre representantes de la oposición. El 21 de agosto, la dirigencia municipal del PRI emitió un pronunciamiento en el que cuestionó la restricción impuesta a Ponce y pidió garantizar el derecho de participación de quienes integran el cuerpo edilicio. El partido sostuvo que las diferencias políticas debían resolverse con apego a las disposiciones que regulan las sesiones.
La sesión también estuvo marcada por un enfrentamiento entre Ponce y el regidor de MORENA, Gabriel Biestro Medinilla, quien acusó a la priista de realizar un presunto gesto amenazante contra el secretario del Ayuntamiento, José Alfonso Aguilar García. La regidora rechazó esa interpretación y sostuvo que no había realizado ninguna amenaza, por lo que ambos señalamientos quedaron sujetos a versiones contrapuestas.
El caso tuvo otro antecedente el 24 de agosto, cuando se informó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) había incorporado a Shirley Ponce a su esquema de protección “Mujeres Seguras” y había otorgado medidas cautelares relacionadas con los hechos denunciados. De acuerdo con declaraciones atribuidas a Rosa Isela Sánchez Soya, presidenta del organismo, se solicitó a las autoridades municipales adoptar medidas para proteger a la regidora y atender los señalamientos con perspectiva de género. La intervención de la CDH representó una medida preventiva, sin que ello implicara una determinación definitiva sobre la responsabilidad del alcalde.
Durante la entrevista del 28 de octubre, Ponce también acusó a la Contraloría Municipal de no responder oportunamente a sus solicitudes de información sobre las quejas presentadas. Según explicó, tuvo que recurrir a la Comisión de Derechos Humanos para conocer el seguimiento de sus asuntos y obtener respuestas que, afirmó, permanecían pendientes desde hacía meses.
La denuncia anunciada por Shirley Ponce coloca nuevamente en discusión las condiciones de participación de las mujeres dentro del Cabildo de Puebla y las obligaciones de las autoridades para garantizar el ejercicio de sus cargos sin discriminación ni violencia política.
Sin embargo, hasta el corte del 29 de octubre de 2026, no se ha localizado un acuerdo público del Instituto Electoral del Estado que permita confirmar el número de expediente, la admisión de la denuncia o la etapa en la que se encuentra. Tampoco se identificó una postura específica del alcalde José Chedraui Budib frente a este nuevo señalamiento.
La legislación mexicana contempla mecanismos para investigar y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, sin embargo, corresponde a las autoridades competentes determinar si las conductas denunciadas cumplen los elementos necesarios para configurar una infracción. Por ahora, el caso permanece en el terreno de los señalamientos públicos y será la autoridad electoral la encargada de valorar los hechos y determinar lo procedente.
