Después de casi cuatro décadas con un marco ambiental diseñado en 1988, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó una actualización de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la intención de colocar a las personas, las comunidades y los pueblos indígenas en el centro de las decisiones relacionadas con el desarrollo y la protección de los recursos naturales.

La propuesta fue presentada este miércoles 26 de agosto por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, quien señaló que durante décadas prevalecieron modelos de desarrollo enfocados principalmente en la rentabilidad inmediata, sin incorporar de manera suficiente el bienestar de las comunidades ni el valor del patrimonio natural.

Bajo la visión del Gobierno de México, el nuevo planteamiento busca construir una relación distinta entre desarrollo, bienestar, prosperidad y naturaleza, bajo el principio de justicia ambiental. “Es una nueva relación entre el desarrollo, el bienestar, la prosperidad y la naturaleza, y sobre todo una relación que se basa en la justicia ambiental”, señaló Alicia Bárcena.

La funcionaria federal destacó que los retos actuales requieren nuevas herramientas y una visión en la que la protección ambiental también sea entendida como una política de bienestar, al considerar que no puede existir justicia social sin justicia ambiental.

La propuesta parte además de una premisa: proteger el patrimonio natural también significa proteger a las personas, por lo que incorpora mecanismos para fortalecer la prevención del daño ambiental, la restauración de los ecosistemas y la participación de la población en las decisiones que impactan su entorno.

Entre los elementos que adquieren mayor peso se encuentra la incorporación de los principios del Acuerdo de Escazú, relacionados con el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

En materia de participación, los proyectos que son evaluados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrán ser sometidos a consulta; además, la información sobre permisos es publicada en la gaceta oficial y la ciudadanía puede presentar comentarios y pronunciarse a favor o en contra de los proyectos.

Con este planteamiento, la administración de Claudia Sheinbaum busca que la política ambiental deje de limitarse únicamente a la conservación y se vincule también con la salud, el bienestar de las comunidades, la prevención de daños y la construcción de un modelo de desarrollo con mayor participación social.

La propuesta también plantea avanzar de una economía que desecha a una que aprovecha los recursos, fortalecer una cultura ambiental, conservar y restaurar ecosistemas, así como reconocer la importancia de quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos.

De esta forma el Gobierno Federal posiciona la justicia ambiental como uno de los ejes de su política ecológica y plantea que el crecimiento ecológico, la prosperidad y la protección de los recursos naturales avancen bajo una misma ruta.

ANDREA QUINTERO