Esta semana, Grupo Milenio dio a conocer que funerarias ubicadas en los municipios de Celaya e Irapuato, en Guanajuato, presuntamente ofrecen servicios funerarios “gratuitos” a familiares de personas asesinadas o desaparecidas, mientras cobran dichos servicios a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) con costos considerados elevados.

De acuerdo con la información difundida, algunas de estas funerarias estarían vinculadas con colectivos de búsqueda de personas y ofrecen servicios como embalsamamiento, ataúd y traslado del cuerpo sin solicitar pago inmediato a los deudos. Sin embargo, posteriormente estos gastos son facturados a la comisión estatal como parte de los apoyos funerarios otorgados a víctimas indirectas de homicidio o desaparición.

La Secretaría de Gobierno de Guanajuato señaló que esta práctica se ha convertido en un negocio para ciertas funerarias, debido a que llegan a cobrar hasta 21 mil pesos por servicio funerario, uno de los montos más altos registrados por la dependencia.

Además, autoridades estatales advirtieron sobre la participación de falsos gestores o intermediarios, quienes presuntamente se acercan a las familias afectadas para ofrecerles apoyo en la realización de trámites ante la comisión. Posteriormente, estos intermediarios buscarían quedarse con una parte del recurso económico destinado para los apoyos funerarios.

Según la dependencia, durante lo que va del año se han presentado al menos dos denuncias relacionadas con este tipo de prácticas y posibles actos de lucro indebido a costa de las víctimas.

Pese a ello, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas continúa operando y, hasta el momento, ha otorgado 643 apoyos funerarios en la entidad.

Actualmente, la comisión cuenta con un presupuesto aproximado de 230 millones de pesos destinados a distintos apoyos para víctimas, siendo uno de los organismos estatales con mayor asignación de recursos a nivel nacional en esta materia. Ante esta situación, el gobierno estatal anunció que próximamente se pondrá en marcha una plataforma digital para agilizar trámites y brindar información directa a las víctimas, con el objetivo de evitar la intervención de intermediarios y posibles abusos.