Grecia se encuentra en proceso de establecer nuevas regulaciones que restringen el acceso de los menores de 15 años a las plataformas digitales. El Gobierno griego tiene previsto presentar un proyecto de ley que obligará a todos los padres a utilizar una aplicación estatal de control parental, ya operativa, conocida como “Kids Wallet”.

Esta normativa se aplica de forma universal y no permite excepciones, lo que significa que todos los niños menores de 15 años deberán estar sujetos a esta restricción. Según ha reportado la cadena de televisión privada MEGA, el Ejecutivo planea llevar el proyecto al Parlamento a principios de marzo, con expectativas de que su aprobación sea rápida debido al respaldo mayoritario del partido gobernante, Nueva Democracia, bajo la dirección del primer ministro Kyriakos Mitsotakis.

La aplicación “Kids Wallet”, previamente utilizada para evitar que los menores accedan a la compra de tabaco y alcohol, será esencial para la implementación de esta medida. La herramienta permite a los padres supervisar las actividades en línea de sus hijos y limitar su acceso a redes sociales y otros sitios web. Se genera un código de barras que verifica la edad del usuario, garantizando así que las restricciones se aplican de manera efectiva.

Según Nikos Vasilakos, experto del Departamento contra Crímenes Electrónicos de la Policía griega, este cambio convertirá la App en una obligación legal. Los padres deberán instalar la aplicación en los dispositivos móviles de sus hijos y vincular sus cuentas a la plataforma oficial del Gobierno en línea, gov.gr. Además, se presentarán controles en las escuelas, donde se requerirá a los estudiantes sus teléfonos con la aplicación instalada y activa.

El Gobierno ha destacado que esta iniciativa también incluirá filtros diseñados para proteger a los menores de contenidos perjudiciales, como sitios de apuestas, citas en línea y contenido sexual. Sin embargo, persisten algunas dudas sobre cómo se llevará a cabo la supervisión judicial de la norma, especialmente en casos donde los padres podrían impugnar la medida por cuestiones relacionadas con la libertad de expresión.