Una de las razones que condujeron a la ruptura entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y sus empresas con el gobierno de Puebla fue la negativa del mandatario Alejandro Armenta Mier y algunos de sus secretarios a autorizar dichos proyectos, cuyo monto ascendía a 2,350 millones de pesos.

Estos proyectos se habrían presentado durante la gestión del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, así como en la administración actual e incluyen desde la compra e instalación de servidores y softwares especializados en control y seguimiento de incidentes vehiculares, hasta la adquisición de pólizas patrimoniales y seguros de vida, pasando por el suministro de equipos informáticos y la digitalización de documentos a gran escala.

El proyecto de mayor envergadura consistía en la instalación de un potente servidor certificado internacionalmente, que cumple con altísimos estándares de protección y seguridad de datos, denominado Red Dorsal, en el nuevo edificio de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA).

Este servidor, propuesto como “el más seguro del país”, supuestamente supera la infraestructura del INEGI, por lo que sería instalado por la empresa Total Play a un costo de 2,000 millones de pesos, cifra que excede en 500 millones de pesos el valor del inmueble de diez pisos ubicado sobre la avenida Cúmulo Virgo, en la zona de Angelópolis.

Un funcionario que solicitó mantener su anonimato, pero que proporcionó una consulta electrónica la lista de proyectos, afirmó que la propuesta del servidor parecía una táctica de extorsión, ya que dicho equipo no debería costar más que el nuevo edificio de la Secretaría de Finanzas, independientemente de cualquier blindaje que pudiera ofrecer.

Los proyectos fueron presentados a diversos funcionarios de la administración estatal, como Héctor Silva, subsecretario de Transformación Digital; Ángel Pérez Portada, actual subsecretario de Administración; Juan José García y Roberto Reyes, del Sistema de Información y Comunicación (Sicom); así como Francisco Teomitzi Sánchez, encargado de la Auditoría Superior del Estado, entre otros.

Durante la gestión del gobernador Alejandro Armenta, el listado de proyectos y propuestas entregadas a diferentes instancias de la administración estatal entre el 9 de noviembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025 fue facilitado a un funcionario cercano al mandatario estatal, a través de Benjamín Mendoza, director general de Televisoras Regionales de TV Azteca.

Las empresas de Ricardo Salinas también ofrecieron, el 31 de diciembre de 2025, pólizas patrimoniales para patrullas y pólizas de seguros a través de Seguros Azteca, por un total de 81 millones, 33 millones y 26 millones de pesos.

Otras propuestas también formuladas al encargado de la ASE, Francisco Teomitzi, incluyeron la digitalización de los documentos y archivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por un monto de 50 millones de pesos, y de la propia Auditoría Superior del Estado por 30 millones de pesos.

Mientras que al secretario de Movilidad y Transporte del gobernador sustituto Sergio Salomón Céspedes, Omar Álvarez Arronte, los ejecutivos de Salinas Pliego le propusieron dos softwares: uno para el control y seguimiento de las grúas que participaban en operativos vehiculares, y otro para el control y seguimiento de los corralones, con costos de 50 y 70 millones de pesos, respectivamente.