Mientras el reconocimiento de los derechos de las infancias trans continúa avanzando en distintas partes del país, en Puebla la discusión permanece atrapada entre posturas políticas, cálculos legislativos y silencios que mantienen congelada una reforma presentada desde hace casi tres años.

La iniciativa busca reconocer legalmente la identidad de género autopercibida de niñas, niños y adolescentes mediante modificaciones al Código Civil del Estado. Sin embargo, de acuerdo con información difundida desde el Congreso local, al menos seis fuerzas políticas perfilan votar en contra cuando el dictamen llegue al Pleno.

Los partidos PAN y PRI ya expresaron públicamente su rechazo a la propuesta. A ellos se sumarían, según fuentes legislativas, las bancadas del PVEM, PT, Nueva Alianza Puebla y Fuerza por México, lo que anticipa un escenario complicado para una reforma que organizaciones civiles consideran un tema de derechos humanos.    

La postura del PAN y del PRI vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda, ¿hasta qué punto los derechos de una minoría pueden depender de intereses políticos o de cálculos electorales? Diversos organismos nacionales e internacionales han sostenido que el reconocimiento de la identidad de género forma parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad y de la protección de la dignidad humana, especialmente cuando se trata de grupos históricamente vulnerables.

Más allá del debate político, el rechazo de estas bancadas ha sido interpretado por activistas como un mensaje que prolonga la incertidumbre para familias y menores que buscan el reconocimiento legal de su identidad.

Aunque Morena cuenta con la bancada más numerosa en el Congreso del Estado, hasta el momento no ha definido públicamente cuál será su posición institucional sobre la iniciativa. Lo mismo ocurre con Movimiento Ciudadano, que tampoco ha emitido un pronunciamiento oficial.

La falta de una postura clara también abre interrogantes. Si bien no puede afirmarse que exista un rechazo por parte de Morena, el tiempo avanza y la ausencia de una definición mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la reforma. En temas que involucran derechos humanos, el silencio político también genera expectativas y cuestionamientos entre quienes esperan una resolución.

El presidente del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, informó que la intención es que la iniciativa sea sometida a votación en el Pleno antes del 15 de julio, una vez concluido el proceso de dictaminación.

Antes de llegar al Pleno, la propuesta deberá ser elaborada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política y posteriormente analizada en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Lo que ocurra en las próximas semanas marcará el rumbo de una reforma que permanece pendiente desde 2022. La decisión no solo definirá el futuro de una modificación al Código Civil, sino también el mensaje que el Congreso poblano enviará respecto al reconocimiento de los derechos de las infancias trans.

El debate legislativo ya no gira únicamente en torno a un texto jurídico. También pone a prueba la capacidad de los partidos para responder a un tema sensible con argumentos, responsabilidad y apertura al diálogo, en lugar de reducirlo a una confrontación ideológica. Mientras tanto, quienes esperan el reconocimiento legal de su identidad continúan aguardando una respuesta que lleva años posponiéndose.