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La violencia contra la prensa mantiene a México como el país con más periodistas asesinados de América Latina y el Caribe durante 2024 y 2025, mientras la impunidad continúa siendo una amenaza para la libertad de expresión.
Detrás de cada periodista asesinado hay una historia que quedó sin terminar, una investigación que perdió su voz y una sociedad a la que se le arrebató el derecho de conocer la verdad. En México, 17 periodistas fueron asesinados entre 2024 y 2025, una cifra que coloca al país a la cabeza de América Latina y el Caribe en homicidios de comunicadores durante ese periodo, de acuerdo con el más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El documento, publicado este 2 de noviembre con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, señala que la cifra supera los seis casos registrados en Colombia y los dos documentados en Honduras durante el mismo periodo, lo que evidencia los riesgos que persisten para quienes ejercen el periodismo en la región.
La UNESCO documentó 189 asesinatos de periodistas, trabajadores de medios y creadores de contenido dedicados a actividades informativas durante 2024 y 2025, un incremento del 20% respecto al bienio anterior, cuando se registraron 158 víctimas. La organización advirtió que una parte importante de este aumento está relacionada con los conflictos armados, donde informar puede convertirse en una actividad de alto riesgo.
De las 189 víctimas, 127 perdieron la vida en zonas de conflicto, una cifra que representa aproximadamente dos terceras partes del total. Palestina concentró 62 asesinatos, seguida de Sudán con 14, Pakistán con 11 y Yemen con 10. Los datos reflejan la vulnerabilidad de quienes documentan guerras, crisis humanitarias y acontecimientos que afectan directamente a poblaciones civiles.
Pero la violencia no termina con los asesinatos. Según la UNESCO, el 86% de los crímenes contra periodistas registrados en su seguimiento mundial permanecen en la impunidad, una proporción que aumentó respecto al 85% del informe anterior. Esto significa que, en términos generales, seis de cada siete asesinatos no han tenido una resolución judicial que permita establecer responsabilidades.
La organización señaló que la falta de investigaciones eficaces y de sanciones representa un obstáculo para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo. El informe también destaca la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y el acceso a la justicia, particularmente para reporteros que investigan asuntos relacionados con corrupción, delincuencia organizada y conflictos armados.
Ante este panorama, el el Gobierno de México mantiene en operación el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado en 2012 y adscrito a la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Este instrumento contempla evaluaciones de riesgo, medidas preventivas y acciones de protección urgente para comunicadores que enfrentan amenazas o agresiones relacionadas con su trabajo.
Como parte de las acciones recientes, el 21 de octubre de 2026, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo una reunión con representantes de Reporteros Sin Fronteras (RSF), encabezados por su director general, Thibaut Bruttin. Durante el encuentro, la funcionaria escuchó los planteamientos, defendió que en el país ha disminuido el número de homicidios y solicitó a RSF precisar los casos, mientras tanto, RSF advirtió que por ahora el 27% de los 22 compromisos asumidos por la presidenta Claudia Sheinbaum en 2024 registraba algún avance.
En México, la violencia contra periodistas continúa siendo una preocupación para organismos internacionales de derechos humanos. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido sobre los riesgos que enfrentan los comunicadores y las deficiencias en la investigación de las agresiones, incluso en casos de personas que habían solicitado medidas de protección.
Asesinar a un periodista no solo arrebata una vida, sino que también priva a la sociedad de información y debilita su derecho a saber. Detrás de los 17 casos registrados en México permanecen familias, colegas e historias que merecen justicia, porque ejercer el periodismo nunca debería convertirse en una sentencia de muerte.
