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Violación grupal en Cornell: fiscalía de Nueva York reabre caso

Violación grupal en Cornell: fiscalía de Nueva York reabre caso
Foto: Medios, "QUE PASA"

La investigación corresponde a una denuncia de 2024 contra siete integrantes de una fraternidad; la Fiscalía busca determinar si existen elementos para presentar cargos.

La Fiscalía del condado de Tompkins, Nueva York, reabrió la investigación criminal por la presunta violación grupal de una estudiante de la Universidad de Cornell, ocurrida en octubre de 2024, luego de que la joven presentara una demanda civil en contra de la institución, una fraternidad y siete de sus entonces integrantes.

La mujer, identificada como “Jane Doe” en los documentos judiciales para proteger su identidad, tenía 20 años cuando ocurrieron los hechos. En la demanda afirma que fue drogada y agredida sexualmente durante varias horas en la casa de la fraternidad Chi Phi, ubicada en el campus de Cornell.

Según la denuncia, la joven acudió a una fiesta de la fraternidad la noche del 19 de octubre de 2024. La estudiante señala que había consumido alcohol y que posteriormente dos integrantes de Chi Phi la presionaron para ingerir una sustancia que le dijeron que era ketamina.

La demanda sostiene que, alrededor de la 1:42 de la madrugada, uno de los integrantes envió un mensaje a un grupo de Snapchat conformado por miembros de la fraternidad para informar que había una mujer en el piso superior. Posteriormente, otros integrantes habrían acudido a la habitación, donde, de acuerdo con el relato de la joven, continuaron las agresiones sexuales hasta aproximadamente las 5:45 de la mañana.

Los siete estudiantes señalados son Matthew Ingalls, Jonathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar. Ninguno ha sido condenado penalmente por estos hechos y las acusaciones permanecen sin ser probadas ante un tribunal.

La joven acudió a la policía de Cornell aproximadamente tres semanas después de los hechos. Sin embargo, en ese momento no se presentaron cargos penales contra los estudiantes.

Ahora, el fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, ordenó retomar el caso y asignó a un fiscal especializado en delitos sexuales para revisar nuevamente las pruebas. La Fiscalía contempla presentar el expediente ante un gran jurado, que deberá determinar si existen elementos suficientes para formular cargos.

La reapertura se produjo después de que la joven presentara una demanda civil en septiembre de 2026, en la que acusa a Cornell y a otros involucrados de no haber respondido adecuadamente a la denuncia y de haber fallado en protegerla.

Una investigación marcada por versiones distintas

La decisión de reabrir el expediente ocurre en medio de versiones encontradas sobre lo sucedido después de la denuncia original.

Van Houten sostiene que la declaración que la joven proporcionó a la policía universitaria en noviembre de 2024 difiere de las acusaciones presentadas posteriormente en la demanda civil. De acuerdo con el fiscal, en aquella declaración la mujer describió el consumo de alcohol y drogas, y la actividad sexual como voluntarios y consensuados. El abogado de la joven, Thomas Giuffra, rechaza esa interpretación. Afirma que su clienta sí denunció una agresión y cuestiona que no haya sido entrevistada posteriormente por investigadores especializados en delitos sexuales.

Cornell impuso sanciones

De manera paralela a la investigación penal, Cornell llevó a cabo un procedimiento interno bajo el Title IX, la normativa estadounidense que regula, entre otros asuntos, la respuesta de las instituciones educativas ante casos de violencia y discriminación sexual. La universidad informó que el proceso interno duró varios meses y concluyó con sanciones que incluyeron expulsiones y suspensiones. Sin embargo, Cornell no ha revelado qué sanción recibió cada estudiante debido a las leyes de privacidad.

La institución también confirmó que la organización de Chi Phi involucrada en el caso permanece fuera del campus y manifestó su respaldo a la reapertura de la investigación criminal. Por ahora, los siete estudiantes no enfrentan cargos penales por estos hechos. La fiscalía deberá revisar nuevamente la evidencia y, en caso de llevar el expediente ante un gran jurado, serán sus integrantes quienes determinen si existen elementos para avanzar hacia una acusación formal.

NATALIA FRYDMAN

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