Como resultado de la coordinación entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (MARINA) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), se logró el aseguramiento de un inmueble que presuntamente era utilizado para almacenar y operar equipos especializados en la minería de criptomonedas.

Durante la inspección, las autoridades localizaron infraestructura eléctrica y tecnológica que incluía un transformador de pedestal, aproximadamente 80 terminales de media tensión, ocho antenas de internet satelital y cerca de 300 equipos de cómputo especializados (GPU) en funcionamiento.

Las autoridades analizan si los activos virtuales generados mediante esta infraestructura pudieron haber sido utilizados para dar apariencia de legalidad a recursos relacionados con actividades ilícitas.

El inmueble y los objetos encontrados quedaron bajo resguardo de la autoridad competente mientras se realizan las indagatorias correspondientes.

Con estas acciones, los tres órdenes de gobierno refrendan el compromiso de trabajar de manera coordinada para combatir las estructuras financieras de los grupos delictivos mediante labores de inteligencia e investigación.

¿Qué es una mina de criptomonedas?

El uso de las criptomonedas en el país pasó de ser un tema relacionado con la tecnología moderna a convertirse en un asunto de relevancia para las autoridades federales y de seguridad digital. Aunque comprar o tener estos activos virtuales no es ilegal, la forma en que se producen clandestinamente en territorio nacional es motivo de alarma, debido a que grupos delictivos instalan infraestructura ilegal conectada directamente a la red pública, provocando apagones en comunidades y utilizando este sistema para ocultar dinero ilícito.

Una red de criptomonedas funciona como un libro contable digital en el que se registran las compras y ventas realizadas en todo el mundo. Para evitar trampas, se necesitan miles de computadoras especiales que trabajan todo el día resolviendo ecuaciones matemáticas que funcionan como un candado de seguridad para cada transacción. A este trabajo se le llama minería y, como recompensa, el sistema proporciona nuevas monedas virtuales de forma automática. Sin embargo, este proceso continuo genera tanto calor y consume tanta energía eléctrica que requiere instalaciones de grandes dimensiones, una conexión estable a internet y un suministro eléctrico elevado.

Es este consumo desmedido de recursos lo que preocupa a las autoridades mexicanas. Los operadores de estas minas de criptomonedas realizan conexiones ilegales directamente a los cables de alta tensión de la CFE. Este robo no solo le cuesta miles de millones de pesos al Estado, sino que también sobrecarga las redes locales y deja sin luz a los pueblos vecinos.

Por esta razón, la Fiscalía General de la República y la Marina han detectado que estos centros se esconden en bodegas de zonas rurales apartadas, donde utilizan internet satelital avanzado para operar en secreto y evitar el ruido de los ventiladores en las ciudades.

Además del grave impacto ambiental y energético, existe un riesgo financiero. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros advierte que las criptomonedas no tienen el respaldo de ningún gobierno ni banco y que sus movimientos son semianónimos e irreversibles. Esto facilita que grupos criminales compren computadoras, extraigan monedas virtuales y posteriormente las vendan para incorporar ese dinero, ya con apariencia legal, al flujo económico formal.

Por ello, el Banco de México prohíbe estrictamente a los bancos comerciales ofrecer criptomonedas de manera directa al público, con el objetivo de blindar la economía de las familias y evitar que los recursos provenientes de actividades delictivas se mezclen con el sistema financiero nacional.

EMILIANO RUIZ