El proyecto del Cablebús de Puebla llegó al Congreso del Estado con una promesa central: reducir el tiempo que miles de personas pierden diariamente en el transporte público y mejorar la conexión entre zonas habitacionales, escuelas, hospitales, comercios y centros de trabajo.

Este miércoles, José Luis García Parra, coordinador general de Gabinete, compareció ante el Pleno de la LXII Legislatura en representación del gobernador Alejandro Armenta Mier para presentar los fundamentos técnicos, jurídicos, financieros y ambientales del denominado Sistema de Transporte por Cable.

Esta presentación ocurre después de que legisladores solicitaran que el Gobierno estatal que explicara públicamente la información técnica, financiera y administrativa relacionada con el proyecto, por lo que durante la comparecencia, legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano (MC), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde (PVEM), Nueva Alianza y Fuerza por México cuestionaron al representante del Ejecutivo sobre los costos, la seguridad, la certeza jurídica, la accesibilidad, la protección ambiental y la operación futura del sistema.

En el lugar, García Parra informó que, la red estará integrada por cuatro líneas, nueve nodos de transferencia y 14.58 kilómetros de recorrido. Su diseño contempla conexiones con otros medios de transporte, lo que permitiría a los usuarios realizar trayectos más continuos y depender menos de varias unidades para llegar a su destino, beneficiando directa e indirectamente a alrededor de 774,000 usuarios del transporte público. Además de que niñas y niños de educación básica, personas adultas mayores y personas con discapacidad podrán utilizar gratuitamente el servicio.

El ahorro del tiempo es otro beneficio, pues se estima que el recorrido más largo pasará de aproximadamente 100 a 44 minutos, una reducción de 56 minutos que, de acuerdo con el gobierno del estado, podría traducirse en más tiempo para la convivencia familiar, el descanso, el estudio o las actividades laborales.

El sistema de transporte funcionaría además como una alternativa eléctrica frente al uso intensivo de automóviles y unidades impulsadas por combustibles. Según las estimaciones presentadas por el Congreso, su operación permitiría evitar la emisión de más de 18,500 toneladas de dióxido de carbono cada año.

Sin embargo, el beneficio ambiental no se limitaría a disminuir contaminantes, sino que, al trasladar pasajeros por una vía elevada, el sistema podría sortear puntos con congestionamiento vial y mantener tiempos de recorrido más estables, especialmente durante las horas de mayor circulación. 

El sistema de la Ciudad de México, por ejemplo, muestra que estos pueden reducir considerablemente los traslados cuando se integran adecuadamente a otras redes.

Este transporte cuenta con una inversión de 6,752 millones 949 mil pesos y registra un avance financiero de 32.55% y cuanta con el respaldo de mas de 70 estudios en materia ambiental, urbana, técnica, financiera y de movilidad, además de un análisis costo-beneficio elaborado bajo la metodología de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, según la información expuesta por el coordinador de Gabinete.  

Las áreas verdes son el tema que mas ha inquietado a la ciudadanía debido al posible impacto negativo que se podría generar, ante esto, el gobierno sostuvo que los ajustes realizados al diseño permitieron disminuir de 980 a 77 el número de árboles que eventualmente necesitarían alguna intervención. La estrategia contempla priorizar la conservación y, cuando no sea posible, aplicar medidas de trasplante y compensación con especies nativas.

Un estudio del Centro de Investigaciones sobre Opinión Pública de la BUAP reportó que 64% de las personas consultadas consideró que el Cablebús podría contribuir de forma mediana o considerable al bienestar de la población, mientras que 34% respondió negativamente. La medición también encontró que 57% había escuchado hablar del proyecto. No obstante, el resultado debe interpretarse con precisión: una valoración favorable sobre sus posibles beneficios no equivale necesariamente a una aprobación absoluta de todas sus rutas, costos o condiciones de construcción.

Para que los beneficios antes mencionados se cumplan, el proyecto deberá operar con seguridad, mantenimiento constante, accesibilidad universal y conexiones funcionales. También será indispensable evitar que el costo final recaiga de manera desproporcionada en los usuarios y garantizar que las estaciones respondan a necesidades reales de movilidad. Sin embargo, e gobierno de Alejandro Armenta parece tenerlo bajo control.