La reciente aprobación en el Congreso de la Unión de un mecanismo para supervisar la probidad de las candidaturas ha abierto un nuevo debate sobre los alcances de las autoridades electorales y, particularmente, sobre el papel que desempeñará el Instituto Nacional Electoral (INE) en los próximos procesos comiciales.

La discusión surgió después de que diversos actores políticos y autoridades electorales interpretaran de manera distinta las funciones que tendría este nuevo esquema de supervisión, al que algunos han denominado una especie de “comité de salud pública electoral”, encargado de revisar perfiles, antecedentes y posibles vínculos indebidos de quienes aspiren a cargos de elección popular.

Sin embargo, más allá de la denominación, la pregunta central es otra: ¿se está construyendo una solución real al problema de la infiltración del crimen organizado en la política o simplemente se está trasladando una responsabilidad que corresponde a las instituciones de seguridad y procuración de justicia hacia una autoridad electoral que no fue diseñada para ello?

Tras las polémicas registradas durante la primera elección judicial, pareciera que varios de los problemas detectados durante ese proceso ahora buscan institucionalizarse bajo la figura de una reforma correctiva.

Los llamados “acordeones”, que durante la pasada elección se convirtieron en símbolo de las recomendaciones de voto impulsadas desde distintos grupos de poder, aparentemente quedarían superados. Sin embargo, algunos especialistas advierten que el fenómeno podría transformarse en algo más sofisticado.

Si para las elecciones próximas las candidaturas terminan reduciéndose a dos opciones por bloque de postulación, y las boletas identifican claramente qué aspirantes fueron impulsados por cada poder o fuerza política, el antiguo acordeón podría dejar de existir físicamente para convertirse, en los hechos, en parte del propio diseño electoral.

La orientación del voto ya no requeriría una hoja externa con números o referencias. Bastaría con que el ciudadano identifique los nombres, colores o recuadros previamente asociados a cada grupo político o institucional.

En otras palabras, el acordeón desaparecería, pero su función permanecería.

Y… ¿Por qué involucrar al INE?

La preocupación principal radica en que el nuevo modelo pretende colocar al INE dentro de una discusión relacionada con seguridad pública.

Históricamente, el instituto ha rechazado asumir funciones que impliquen inteligencia, investigación criminal o identificación de riesgos vinculados al crimen organizado.

Desde la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello hasta la actual gestión de Guadalupe Taddei Zavala, la postura institucional ha sido consistente: el INE organiza elecciones, no investiga delitos y existe una razón práctica para ello.

Cada proceso electoral moviliza a miles de Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) que recorren comunidades urbanas y rurales, visitan domicilios particulares y mantienen contacto directo con la ciudadanía para integrar mesas directivas de casilla y promover la participación ciudadana, una labor que implica riesgos importantes.

En diversas regiones del país se han documentado agresiones, amenazas e incluso asesinatos contra personal electoral durante el desarrollo de sus funciones. Si el instituto comienza a ser percibido como una autoridad que participa en procesos de investigación sobre posibles vínculos criminales de candidaturas, el riesgo para estos trabajadores podría aumentar considerablemente.

Aunque se trate de una hipótesis, no resulta descabellado pensar que grupos criminales puedan interpretar la presencia de personal electoral como parte de una estrategia de vigilancia política o de recopilación de información. El problema radica en que el INE no cuenta con facultades constitucionales para realizar investigaciones de seguridad, ni con los recursos humanos o tecnológicos para desempeñar dichas tareas, pues esta responsabilidad corresponde a instancias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República.

Otro de los cuestionamientos es que la iniciativa de reforma deja en manos de los propios partidos políticos buena parte de las decisiones relacionadas con la permanencia o retiro de candidaturas cuestionadas, lo que genera un conflicto pues… ¿Realmente un partido político estaría dispuesto a retirar de la contienda a un candidato competitivo bajo el argumento de presuntas relaciones con grupos criminales?                     

¿La oposición solicitaría investigaciones profundas sobre perfiles propios en plena competencia electoral?

¿Morena, el PAN, el PRI o cualquier otra fuerza política asumirían voluntariamente el costo político de reconocer públicamente sospechas sobre uno de sus candidatos mejor posicionados? La experiencia demuestra que la respuesta suele ser negativa.

Por ello, el riesgo es que la reforma termine convirtiéndose en un mecanismo declarativo con escasa capacidad operativa, mientras que las consecuencias prácticas recaigan sobre una institución que carece de atribuciones para actuar.

Paralelamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha abierto la puerta para que determinados magistrados puedan competir nuevamente por sus cargos.

La discusión resulta particularmente relevante porque ocurre en un contexto donde el discurso oficial del movimiento gobernante se ha definido históricamente como antirreeleccionista. No obstante, jurídicamente la situación tiene matices.

Las ampliaciones de mandato para magistrados no son una novedad en la historia institucional mexicana. En distintos momentos se han utilizado artículos transitorios para extender periodos originalmente establecidos.   

Incluso durante los años de hegemonía priista existieron magistrados que permanecieron largos periodos en funciones derivado de reformas y ajustes legales posteriores, sin embargo en el contexto político actual en donde se cuestiona la integración de diversos órganos jurisdiccionales por temas como los acordeones electorales, la sobrerrepresentación o la legitimidad de ciertos nombramientos, también se abre la posibilidad de que algunos integrantes prolonguen su permanencia mediante nuevas rutas jurídicas.           

De concretarse, algunos magistrados podrían acumular hasta 17 años en funciones, una duración que, si bien tiene antecedentes históricos, contrasta con el discurso político predominante en los últimos años.

La intención de impedir que intereses criminales contaminen las elecciones es legítima y necesaria, pero también está en duda la eficacia de cualquier reforma dependerá de que las responsabilidades recaigan en las instituciones correctas.            

Convertir al INE en un actor indirecto de una estrategia de seguridad podría generar más problemas de los que pretende resolver. El instituto nació para organizar elecciones, garantizar imparcialidad y contar votos, no para investigar estructuras criminales.

Si las autoridades buscan cerrar el paso al crimen organizado en la política, la respuesta probablemente no se encuentra en transferir responsabilidades a los órganos electorales, sino en fortalecer la capacidad de investigación, inteligencia y procuración de justicia del Estado mexicano.

De lo contrario, la reforma corre el riesgo de convertirse en una solución de papel: políticamente atractiva, jurídicamente compleja y operativamente ineficaz.