
El crecimiento de torres médicas y espacios destinados a consultorios privados en Puebla ha impulsado el mercado inmobiliario del sector salud; sin embargo, también ha encendido alertas por la posible operación de falsos especialistas en inmuebles rentados sin filtros suficientes.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, en la entidad existen más de 2 mil 500 consultorios privados. Ante este panorama, surge el cuestionamiento sobre quién supervisa que estos espacios sean ocupados realmente por profesionales certificados de la salud.
Actualmente, la ley no obliga a los propietarios o arrendadores a verificar si los inquilinos cuentan con cédula profesional o acreditaciones médicas. Aunque los inmuebles deben cumplir con requisitos como licencias, permisos de funcionamiento y uso de suelo, cada médico o especialista es responsable de exhibir la autorización correspondiente emitida por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS), organismo que opera bajo lineamientos de COFEPRIS.
Aunque los dueños de los espacios no tienen funciones de autoridad, especialistas consideran que sí pueden solicitar documentos como títulos profesionales, certificaciones o cédulas antes de concretar un contrato de renta.
Expertos en materia inmobiliaria y legal destacan que los contratos de arrendamiento representan una herramienta clave para delimitar responsabilidades, establecer el uso adecuado del consultorio y prevenir problemas legales, clausuras o aseguramientos derivados de actividades irregulares.
Los riesgos de rentar sin verificar antecedentes profesionales ya se han reflejado en diversos casos ocurridos en Puebla, como el de la falsa psiquiatra Marilin C., el doctor Tizcareño, señalado por presuntas negligencias médicas en 2025, y el reciente caso de la clínica Detox, donde presuntamente operaba una falsa médica relacionada con la muerte de Blanca Adriana Vázquez. En todos estos casos, los supuestos especialistas ejercían en espacios rentados.
Ante esta situación, autoridades y legisladores han comenzado a poner atención en la regulación de estos establecimientos para fortalecer los mecanismos de supervisión y evitar que continúen operando personas sin acreditación profesional.
Mientras tanto, especialistas exhortan a la población a revisar la cédula profesional, certificaciones y antecedentes de quienes ofrecen servicios médicos, ya que la falta de regulación en temas de salud puede derivar en consecuencias graves.