Al ser los destinos con mayores actividades turísticas y económicas, las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Merida, Los Cabos y la Riviera Nayarit van a tener un aumento en industria inmobiliaria durante los próximos años, así lo predijo el director de vivienda de Altea, Víctor Avila.

A estas se le suma Mérida, que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años debido a su accesibilidad y poca afluencia, sin embargo, consideran que actualmente se esta desarrollando cada vez más rápido y “de una forma ordenada” asegura. 

Altea resalta que, con el paso del tiempo, los inversionistas del sector son cada vez mas exigentes, pues en la actualidad no solo buscan una propiedad, sino tambien buscan sentirse parte de una comunidad y formar parte de un proyecto integral.

Aunque el crecimiento inmobiliario en destinos turísticos representa una oportunidad económica para inversionistas y desarrolladores, especialistas también advierten sobre los riesgos sociales, ambientales y urbanos que puede traer consigo una expansión acelerada de este sector.

Uno de los principales retos es el aumento en el costo de vida y de la vivienda para las comunidades locales.

En ciudades como Mérida y Los Cabos, el auge inmobiliario y la llegada constante de inversionistas nacionales y extranjeros han provocado incrementos en las rentas y en el valor de las propiedades, dificultando el acceso a vivienda para miles de familias que históricamente han habitado estas regiones.

Además, organizaciones urbanas y académicos han señalado que el crecimiento acelerado puede derivar en procesos de gentrificación, donde habitantes originales son desplazados debido a la transformación de zonas residenciales en espacios orientados al turismo o a sectores con mayor poder adquisitivo. Esto genera cambios en la identidad cultural y social de las ciudades, particularmente en destinos que anteriormente se distinguían por su tranquilidad y accesibilidad.

Otro de los riesgos se relaciona con la presión sobre los servicios públicos e infraestructura. El aumento de desarrollos habitacionales y turísticos implica una mayor demanda de agua, electricidad, movilidad y recolección de residuos, algo especialmente delicado en entidades como Baja California Sur y la península de Yucatán, donde expertos han advertido sobre la vulnerabilidad ambiental y la disponibilidad limitada de recursos naturales.

Aunque empresas como Altea consideran que el desarrollo actual se realiza de manera “ordenada”, urbanistas sostienen que muchas ciudades mexicanas aún enfrentan problemas de planeación territorial, crecimiento desmedido y falta de regulación efectiva, lo que podría traducirse en afectaciones ambientales, tráfico, saturación urbana y pérdida de ecosistemas naturales.

Asimismo, el enfoque del mercado inmobiliario hacia proyectos integrales y comunidades exclusivas podría ampliar las brechas de desigualdad, al priorizar inversiones dirigidas a sectores de altos ingresos mientras persiste un déficit de vivienda accesible para gran parte de la población mexicana.

Frente a este panorama, especialistas coinciden en que el crecimiento inmobiliario debe ir acompañado de políticas públicas de desarrollo urbano sostenible, regulación ambiental y estrategias de vivienda social que permitan equilibrar la inversión privada con las necesidades reales de las comunidades locales.