La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles 15 de julio una iniciativa de Ley General en materia de feminicidio, con la que se busca homologar la definición del delito, los procesos de investigación y las sanciones aplicables en las 32 entidades federativas.

La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis durante el periodo ordinario de sesiones que comienza en septiembre. Su objetivo es establecer criterios uniformes para que todas las fiscalías del país investiguen las muertes violentas de mujeres bajo los mismos protocolos, además de evitar clasificaciones incorrectas como homicidios o suicidios.

La mandataria explicó que la iniciativa deriva de la reforma constitucional aprobada el pasado 6 de mayo, mediante la cual se facultó al Congreso de la Unión para expedir una legislación general sobre feminicidio.

Hasta ahora, cada entidad regulaba este delito de manera distinta, tanto en su definición como en las razones de género, las agravantes y las penas. Esta fragmentación provocaba deficiencias en las investigaciones, pérdida de indicios, falta de análisis de los contextos de violencia y subregistros de casos que eran clasificados como homicidios, aunque presentaran características de feminicidio.

La iniciativa propone homologar el tipo penal en todo el territorio nacional bajo la siguiente definición:

“Comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género”.

Asimismo, contempla 10 razones de género, entre las que se encuentran la existencia de signos de violencia sexual; antecedentes de violencia contra la víctima; que el delito haya sido motivado por estereotipos o prejuicios, y que se haya cometido en un contexto de asimetría de poder.

La propuesta fija una pena de entre 50 y 70 años de prisión para quien cometa el delito de feminicidio. También establece 19 agravantes que permitirán incrementar las sanciones dependiendo de las circunstancias del caso.

Entre estas agravantes se considera que la víctima sea una niña, adolescente o adulta mayor; que esté embarazada o viva con alguna discapacidad; que sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante; que el delito sea cometido por una persona servidora pública, o que la víctima presente lesiones provocadas con ácido u otras sustancias inflamables.

La tentativa de feminicidio será sancionada con una pena equivalente a entre la mitad y las dos terceras partes de la condena prevista para el delito consumado.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la finalidad de la legislación es garantizar que todas las instituciones de procuración de justicia actúen bajo criterios comunes. “Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio. Evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio”. Expresó. 

Además de las penas de prisión, la iniciativa contempla sanciones adicionales, como la pérdida de derechos sucesorios, tutela, curatela, guarda y custodia, así como la pérdida de la patria potestad cuando hay un menor de por medio.  A ello se suma cuando la persona responsable sea servidora pública, también podrá ser destituida e inhabilitada para ocupar otro cargo.

El proyecto prohíbe la aplicación de excusas absolutorias o atenuantes relacionadas con el feminicidio. También establece que el delito, la sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles.

De igual manera, no procederán criterios de oportunidad, conmutación de penas, libertad condicionada ni beneficios derivados de leyes de amnistía.

La iniciativa parte del principio de que los casos de feminicidio deben investigarse con debida diligencia reforzada. Para ello, plantea la homologación de protocolos especializados que serán obligatorios para todas las autoridades encargadas de la procuración de justicia. Estos protocolos deberán incorporar perspectiva de género, análisis del contexto de violencia, preservación adecuada de indicios y coordinación entre las instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.

La unidad o fiscalía especializada que inicie una investigación, así como el Ministerio Público responsable, deberán intervenir de manera continua durante todas las etapas del procedimiento penal, desde la apertura de la carpeta hasta la ejecución de las sanciones.

La Fiscalía General de la República y las fiscalías o procuradurías estatales deberán contar con unidades especializadas en la investigación y persecución del feminicidio, además de Ministerios Públicos, policías, personal técnico y peritos capacitados en atención a víctimas, investigación criminal, derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género.

Todo ello, debido a la falta de criterios uniformes que generaban irregularidades en la procuración de justicia,”, así lo dio a conocer la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa Mari Alcalde Luján.  “Deficiencias en los procesos de investigación, la incorrecta clasificación de delitos violentos, falta de análisis de contexto de violencias”.   

El proyecto reconoce además,  el derecho de las víctimas directas e indirectas a recibir una reparación integral, transformadora, adecuada, rápida y proporcional al daño causado.

Entre los derechos contemplados que deberán garantizar las entidades federativas para el bienestar de las victimas indirectas se encuentran el acceso a la verdad y a la justicia; la atención médica y psicológica de urgencia para sobrevivientes y víctimas indirectas; asistencia jurídica gratuita y especializada, y atención integral para niñas, niños y adolescentes que hayan quedado en situación de orfandad.

También se establece que la restitución o entrega del cuerpo deberá realizarse de manera digna, respetuosa y asistida. En el caso de personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas, deberán proporcionarse servicios de traducción o interpretación.

Mientras tanto, las personas, los medios de comunicación y las plataformas digitales estarán obligados a respetar la dignidad de las víctimas directas e indirectas.

Asimismo, todas las autoridades, dentro del ámbito de sus competencias, deberán garantizar el derecho de las familias a conocer la verdad sobre las investigaciones y los procesos relacionados con el feminicidio.

Una de las principales novedades de la iniciativa es la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.

El registro permitirá identificar a los menores que requieren atención del Estado, dar seguimiento a sus condiciones jurídicas y garantizarles acceso a programas de protección, acompañamiento y asistencia. También se actualizará el protocolo de atención dirigido a esta población y se crearán planes integrales de protección para las mujeres sobrevivientes de tentativas de feminicidio.

Las políticas públicas serán coordinadas mediante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, encabezado por la presidenta de la República y conformado por gobiernos estatales, instituciones de atención a las mujeres y autoridades de procuración de justicia.

Una vez aprobada la legislación, las entidades deberán armonizar sus códigos penales, actualizar los protocolos de investigación y atención, implementar campañas de información y prevención, crear grupos técnicos de apoyo y actualizar los registros nacionales sobre feminicidio.

Esta propuesta contempla, además, utilizar la infraestructura de atención que actualmente tiene el Estado mexicano, integrada por 1,001 Centros LIBRE, 85 Centros de Justicia para las Mujeres, alrededor de 99 refugios, la Línea 079, opción 1, y una red de casi 1,200 abogadas distribuidas en todo el país.

Estos servicios deberán brindar orientación, asistencia jurídica y acompañamiento a las víctimas directas e indirectas del delito.

De acuerdo con el informe más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al comparar el primer semestre de 2025 con el mismo periodo de 2026, los casos de feminicidio disminuyeron 10.7%. No obstante, la presidenta reconoció que todavía existen asesinatos de mujeres que no reciben una sanción. Además de que cerca del 90% de los feminicidios son cometidos por una persona perteneciente al entorno familiar directo de la víctima.

“En nuestro país, aun y cuando van disminuyendo los feminicidios, todavía se cometen. Y muchos de ellos lamentablemente siguen sin sanción”.

La jefa del ejecutivo federal sostuvo que la erradicación de esta violencia requiere reconocer la igualdad entre mujeres y hombres, combatir el machismo y eliminar las desigualdades mediante la educación, la prevención, la atención institucional y el acceso a la justicia. 

Además, indicó que algunas fiscalías todavía clasifican muertes violentas de mujeres como suicidios, pese a que existen indicios de feminicidio.

La mandataria afirmó que la legislación busca reducir este tipo de irregularidades, evitar omisiones en las investigaciones y garantizar que los posibles responsables sean investigados, incluso cuando tengan una relación familiar con la víctima.

Esta iniciativa retoma parte de los procedimientos impulsados por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, relacionados con la capacitación de los Ministerios Públicos, el acompañamiento a las familias y el fortalecimiento de las investigaciones. Sin embargo, en un inicio de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum promovió una reforma constitucional para reconocer la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y el principio de salario igual por trabajo igual.

En conferencia de prensa la mandataria recordó que la iniciativa fue enviada al Congreso el 3 de octubre de 2024 y posteriormente incorporada a la Constitución.

“Asumí la responsabilidad de proteger a las mujeres contra la violencia y por eso lo primero que hicimos fue llevar a la Constitución los derechos de las mujeres”, agregó.

Finalmente, Claudia Sheinbaum aseguró que la Ley General busca garantizar “cero impunidad frente al delito de feminicidio” y combatir “la peor forma de discriminación de trato indigno hacia una mujer”.