Mientras en distintas partes del país la justicia por mano propia ha dejado víctimas, comunidades fracturadas y procesos judiciales complejos, el Congreso de Puebla analiza una iniciativa para que estos actos se castiguen de manera directa como delito. De acuerdo con lo planteado, quienes participen en un linchamiento podrían enfrentar penas de 10 a 15 años de prisión, además de las sanciones correspondientes si existen lesiones u homicidio. También se contemplan multas de entre 117 mil y 351 mil pesos. En el caso de los incitadores, la pena iría de cinco a 10 años de cárcel.

La propuesta fue impulsada por el diputado de Morena, Andrés Villegas Mendoza, quien busca acelerar la discusión para sancionar a quienes participen o inciten linchamientos. De acuerdo con lo expuesto en el Congreso local, en varios casos las agresiones comienzan con acusaciones sin pruebas, señalamientos colectivos o incluso con personas bajo los efectos del alcohol, hasta terminar en hechos fatales. La iniciativa tomó fuerza tras el caso registrado el pasado 3 de julio en San Juan Amecac, Cohuecan, donde un hombre fue asesinado por pobladores que lo acusaron de un presunto robo de llantas.

El tema no es menor. En Puebla, la discusión legislativa llega en un momento clave: el estado ha registrado dos linchamientos consumados en lo que va de 2026, mientras queen 2025 se registraron alrededor de 90 intentos de linchamiento, los cuales no se consumaron gracias a la activación de protocolos, esto de acuerdo con informes del Secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González. 

El caso más reciente en Puebla ocurrió en la fecha anteriormente señalada, cuando Juan Felipe, de 33 años, fue golpeado y quemado vivo por un grupo de alrededor de 60 personas en la carretera federal a San Juan Amecac, en Cohuecan. Según los reportes, la víctima trabajaba en la recolección de fierro junto con su empleador cuando ambos fueron interceptados por pobladores que los acusaron de robar neumáticos. El patrón logró escapar, pero Juan Felipe quedó a merced de la turba. La Fiscalía inició una investigación por homicidio tumultuario y, hasta el reporte inicial, no había personas detenidas.

Aunque este hecho encendió las alarmas, también exhibió por qué Puebla necesita una herramienta legal más fuerte. La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que, pese a los avances en protocolos y coordinación, persisten obstáculos comunitarios, zonas donde se dificulta el acceso de autoridades y contextos en los que la multitud impide la atención oportuna. Sánchez González llamó a la ciudadanía a confiar en las autoridades y advirtió que tomar justicia por propia mano tiene consecuencias legales.

Sin embargo, el resto del país no está exento de estas acciones, otro episodio de violencia colectiva conmocionó a Baja California Sur luego de que a finales del pasado junio se confirmara la muerte del conductor involucrado en un atropellamiento masivo durante festejos por el triunfo de México en Cabo San Lucas. Las autoridades informaron que investigan tanto la probable responsabilidad por el atropellamiento como las agresiones que presuntamente sufrió el conductor después del incidente. Aunque el caso sigue bajo investigación, muestra el riesgo de que una multitud pase de la indignación al castigo físico sin esperar el deslinde legal de responsabilidades.

Un mes antes, el 4 de mayo, dos mujeres fueron agredidas en San Pedro Arriba, Temoaya, Estado de México, tras ser acusadas de “brujería” y de afectar un manantial. De acuerdo con Milenio, Rebeca Ramírez y Guadalupe Guerra fueron interceptadas por habitantes de la zona; pese a intentar explicar que llevaban una veladora de materiales naturales y que no la habían arrojado al agua, fueron golpeadas. Una de ellas quedó aparentemente inconsciente y ambas tuvieron que recibir atención médica. El saldo también incluyó daños en oficinas gubernamentales y agentes lesionados.

Estos casos dejan claro el peligro: el linchamiento no es justicia, es una ruptura del Estado de derecho. De acuerdo con TecScience, los linchamientos en México aumentaron durante la última década, principalmente en el centro y sur del país. La base de datos señala que este fenómeno suele estar relacionado con acusaciones de robo, secuestro, asesinato o violencia sexual; sin embargo, no siempre existe evidencia de que las víctimas hayan cometido los delitos que se les atribuyen.  

La propia investigación advierte algo fundamental: los linchamientos no generan más seguridad. Pueden dar una sensación momentánea de control, pero no reducen la violencia ni fortalecen la confianza ciudadana. Al contrario, exhiben ausencia institucional, debilitan el acceso a la justicia, violentan derechos humanos y pueden alimentar más desconfianza hacia las autoridades.

Por eso, la propuesta del Congreso de Puebla no debe leerse solo como una reforma penal, sino como una señal política y social de gran peso: en Puebla se busca cerrar la puerta a la barbarie y dejar claro que ninguna acusación, ningún rumor y ninguna multitud pueden sustituir a una investigación, a una Fiscalía o a un juez.

La iniciativa llega además en un contexto en el que el gobierno estatal presume avances en la contención de estos hechos. La SSP reconoció que en administraciones recientes se han reforzado protocolos y capacitación para responder a llamados por posibles linchamientos; sin embargo, también admitió que casos como el de Cohuecan muestran que todavía hay retos, sobre todo cuando la multitud impide el acceso de cuerpos de emergencia o cuando las comunidades se cierran ante la autoridad.

Este hecho histórico en el país posicionaría a Puebla como el pionero en hacer justicia a aquellos que creen que haciéndola con mano propia pueden seguir haciéndolo sin consecuencias, además de fortalecer la ruta institucional para que los delitos se investiguen, se prueben y se castiguen conforme a la ley.

Porque cuando una multitud decide quién vive y quién muere, no hay justicia: hay violencia. Si Puebla logra que el linchamiento sea sancionado con claridad, el estado podría convertirse en referente nacional para enfrentar un problema que México ya no puede seguir normalizando.