El Tribunal de Justicia Administrativa emitió una resolución contra el ex alcalde panista por presunto abuso de funciones; Rivera niega irregularidades y acusa un posible trasfondo político rumbo a las elecciones de 2027.
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla emitió una resolución que contempla 15 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y una multa de 15 millones de pesos contra el ex presidente municipal de Puebla, por presuntas faltas administrativas durante su gestión. La determinación, conocida este miércoles 4 de noviembre, todavía puede ser impugnada y no constituye una sanción firme, de acuerdo con el propio exalcalde.
La resolución se derivó de la revisión de la cuenta pública de 2022, periodo en el que Rivera Pérez encabezaba la administración municipal y, de acuerdo con información institucional, la Auditoría Superior del Estado (ASE) integró el expediente por un presunto daño patrimonial que posteriormente fue turnado y sancionado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.
Tras conocerse la resolución, el ex alcalde difundió un posicionamiento en el que negó haber incurrido en irregularidades y defendió la legalidad de su administración. Rivera sostuvo que el supuesto abuso de funciones no fue acreditado y afirmó que no existe ninguna acción que pueda atribuírsele personalmente. También aclaró que, según su interpretación del procedimiento, no enfrenta una acusación por mal manejo de recursos públicos, por lo que recurrirá a las instancias correspondientes para combatir la determinación del Tribunal.
El panista también cuestionó el momento en que se dio a conocer la resolución, al considerar que coincide con los preparativos políticos de las elecciones de 2027. Rivera calificó el procedimiento como parte de un presunto ataque sistemático en su contra y lo vinculó con actuaciones de la Contraloría Municipal registradas en mayo de este año. No obstante, el señalamiento de una motivación política corresponde a la postura del exalcalde y no a un hecho acreditado.
La sanción reportada representa un nuevo escenario para el ex alcalde, cuyo nombre ha figurado entre los posibles aspirantes panistas a participar en los comicios de 2027. Sin embargo, la resolución todavía puede ser recurrida, por lo que no es correcto afirmar que Rivera Pérez ha quedado definitivamente fuera de la contienda. El alcance de la inhabilitación y sus efectos sobre una eventual candidatura dependerán de la firmeza del fallo y de las determinaciones que adopten las autoridades competentes.
El caso alcanza directamente a Bernardo Arrubarrena García, exsecretario de Administración y Tecnologías de la Información durante la gestión capitalina. De acuerdo con los expedientes turnados, el ex funcionario recibió una inhabilitación de 10 años para ocupar cargos públicos y una sanción económica de 10,5 millones de pesos de manera simultánea al fallo emitido contra Rivera Pérez. Ambos señalamientos —derivados de anomalías en contratos del ejercicio fiscal 2022— fueron confirmados tras trascender la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, frente a la cual los ex servidores públicos ya preparan juicios de amparo para su defensa legal.