Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) es la empresa que impulsa el desarrollo de la planta de amoníaco en el puerto de Topolobampo, Sinaloa. Un proyecto de cause energético que mantiene en pie de lucha a comunidades de las inmediaciones por las implicaciones ecológicas y posibles afectaciones a las y los habitantes.

Topolobampo es una de las zonas portuarias que forman parte de la región oeste de Sinaloa, y que se consolida como uno de los puntos comerciales y agrícolas más importantes del Pacifico mexicano, reconocido así mismo por su riqueza natural y su calidad como destino turístico.

Sin embargo, de nueva cuenta emerge una problemática que lleva tiempo colocando en el epicentro los intereses de las comunidades civiles e indígenas de la región, que parecen quedarse por debajo de aquellos intenciones políticas vestidas usualmente bajo la promesa de progreso y desarrollo para la ciudadanía. 

Ante este escenario, según el medioAnimal Político,  el proyecto surge como una propuesta para impulsar el desarrollo de metanol y amoniaco de bajas emisiones de carbono como alternativas más limpias frente a combustibles fósiles. No obstante, la aplicación de estos recursos energéticos están previstos para aprovecharse también en el sector agrícola, la industria farmacéutica y la energética. 

Así mismo, la empresa alemana (GPO) señala que podrían producirse hasta 800 mil toneladas anuales de amoniaco, más de 2 mil toneladas diarias. Aunado a esto, este proyecto también fue consolidado como una apertura al empleo durante y posterior a la construcción de la planta.

Sin embargo, el centro del debate se cierne más allá de lo económico y se posa en el epicentro ambiental. Así como las comunidades mayo-yoreme, distintas organizaciones ambientalistas advierten de los riesgos a los que se  enfrenta el ecosistema de Topolobampo, entre los que se consolidan áreas naturales protegidas y zonas de obtención de recursos para las y los habitantes.

La planta de Amoniaco no genera una preocupación contundente por posibles siniestros, sino por las afectaciones que pueden desencadenarse en el entorno natural, tanto terrestre como marítimo. En este sentido, el impacto también es directo para estas comunidades, que han constituído el sustento de sus integrantes a partir de los recursos naturales que, con esta planta, se ven amenazados, tal como a las más de 900 familias que dependen de ellos.

No obstante, hace más de una década  GPO incursionó formalmente en este proyecto. Desde 2014 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio los permisos correspondientes a la empresa para el desarrollo de la planta. Pero el anuncio oficial de este megaproyecto generó tensiones y rechazo social por parte de las comunidades de la Bahía. 

Cabe mencionar que a sólo un año de esta oficialización, este proyecto ha sido denunciado en múltiples ocasiones ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). No obstante, las disputas legales permanecen aún en constante tira y afloja que además reflejan la falta de consideración y diálogo hacia las comunidades para la continuidad (e incluso inicio) de estas obras industriales.

Aunque la Suprema Corte revocó en 2022 los permisos emitidos en 2014, GPO consiguió un nuevo proceso en el que se realizaron las debidas acotaciones para obtener una autorización renovada y que se han respaldado gracias a amparos que han hecho un contrajuego importante contra las demandas por parte de las comunidades.

Ante este panorama, el movimiento ¡Aquí No! Se consolida como una de las vanguardias en contra de la culminación de la planta de amoniaco, y que además han formado parte de litigios y movilizaciones en torno a los proyectos de esta índole a lo largo de diez años.  Esta serie de protestas es encabezada principalmente por las comunidades indígenas Mayo-Yame, pescadores y ambientalistas.

El horizonte que se muestra en estudios de riesgo ambiental en torno a este proyecto, prevén que más del 70% de las especies que radican en la zona portuaria podrían enfrentarse a un grado considerable de vulnerabilidad, entre especies vegetales y animales de las cuales una gran parte de ellas son consideradas como especies protegidas en la Bahía.

Este escenario es uno de los tantos protagonizados por megaproyectos que guardan en las superficies las promesas de desarrollo para las personas residentes de las regiones en que se instauran, no obstante, también refleja el panorama que, desde la población, parece no contemplar con plenitud las consecuencias y afectaciones que alcanzan todo el ecosistema natural y sociocultural un grupo entero de comunidades.

Aunado a esto, surge una crítica directa a la nación alemana, que se ha consolidado como una de las más limpias y amigables con el medio ambiente. No obstante la cuestión que se mantiene como una constante es ¿Acaso este logro se mantiene gracias a que proyectos potencialmente riesgosos para el medio ambiente a costa del territorio de otras naciones?