El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en medio de una revisión sobre el manejo de sus recursos, la asignación de contratos y las decisiones administrativas tomadas durante gestiones anteriores. Las medidas anunciadas incluyen auditorías, posibles investigaciones por delitos y un ajuste millonario a su presupuesto para el próximo año.

Este viernes 6 de noviembre, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad pedir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que realice una fiscalización extraordinaria, además de contratar auditorías externas para examinar las operaciones administrativas del instituto durante los últimos años. El objetivo es conocer cómo se llevaron a cabo las compras, los arrendamientos, las contrataciones y los servicios adquiridos por el organismo, así como identificar posibles anomalías en el ejercicio del dinero público.

Como parte de esta revisión, se planteó examinar el registro de proveedores, conservar los expedientes físicos y digitales de los contratos y elaborar un inventario de las adquisiciones realizadas. También se prevé establecer canales para recibir información sobre posibles irregularidades.

Asimismo, los consejeros acordaron informar a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre posibles conductas delictivas relacionadas con la administración anterior, entre ellas enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, desvío de recursos públicos, abuso de funciones y uso indebido de atribuciones. Esto no implica que los delitos estén acreditados ni que existan responsables determinados; será tarea de las autoridades investigar y establecer si hubo alguna conducta ilegal.

Sheinbaum exige revisar el INE y señala la gestión de Lorenzo Córdova

En medio de estas decisiones, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró este viernes que el INE necesita un proceso de saneamiento y cuestionó la manera en que se manejaron las contrataciones durante el periodo en que Lorenzo Córdova estuvo al frente del organismo.

La mandataria hizo referencia a los señalamientos sobre la concentración de contratos electorales en un grupo reducido de empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. Según los datos difundidos por el gobierno federal, dichas compañías habrían obtenido contratos por alrededor de 2,740 millones de pesos entre 2015 y 2025.

Sheinbaum cuestionó que, durante la gestión de Córdova, no se hubieran tomado medidas suficientes para revisar la concentración de contratos en esos proveedores, quienes también habrían recibido adjudicaciones de distintos organismos electorales estatales. 

El tema es relevante porque las autoridades electorales necesitan contratar una gran variedad de productos y servicios para organizar los comicios, desde la impresión de boletas hasta la fabricación de urnas, mamparas y otros materiales. Cuando buena parte de esas adquisiciones se concentra en pocas empresas, resulta necesario verificar si hubo competencia entre proveedores, si los precios fueron adecuados y si las contrataciones cumplieron con los procedimientos legales.

La presidenta insistió en que deben revisarse las prácticas de contratación y que las autoridades correspondientes tendrán que determinar si existieron irregularidades. También planteó fortalecer a Talleres Gráficos de México para que participe en mayor medida en la producción de materiales electorales.

Diputados avalan en comisión un recorte de 5 mil millones de pesos

A la revisión administrativa se suma el debate presupuestal. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, que propone disminuir en 5 mil millones de pesos los recursos asignados al INE.

De concretarse el ajuste, el presupuesto del organismo pasaría de aproximadamente 42 mil 274.5 millones a 37 mil 274.5 millones de pesos. Los recursos que se retirarían serían destinados a otras dependencias federales, entre ellas las secretarías de Educación Pública, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y Gobernación.

La propuesta forma parte de la discusión sobre cómo distribuir el gasto público para el próximo año. Sin embargo, la aprobación en comisión no representa todavía la decisión definitiva: el dictamen debe continuar su proceso legislativo en la Cámara de Diputados.

¿Cómo impactan estas medidas al INE rumbo a las elecciones de 2027?

Los tres acontecimientos colocan al instituto frente a distintos retos. Por una parte, deberá revisar sus procedimientos internos y esclarecer posibles irregularidades en las contrataciones de años anteriores. Al mismo tiempo, enfrenta cuestionamientos del Gobierno federal sobre la administración de sus recursos y una propuesta legislativa que reduciría considerablemente su presupuesto.

El contexto es especialmente importante porque en 2027 México celebrará elecciones para renovar distintos cargos públicos. Para organizar esos comicios, el INE necesita recursos humanos, materiales y financieros que permitan preparar las jornadas electorales, instalar casillas, capacitar funcionarios y garantizar el desarrollo de las votaciones.

Por ello, el desafío será que las auditorías permitan aclarar el uso de los recursos públicos y mejorar la transparencia del organismo, sin que las revisiones administrativas o los ajustes presupuestales comprometan su capacidad para cumplir con sus responsabilidades electorales.