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Las capturas de 2026 en Puebla dejan al descubierto investigaciones que van del robo de hidrocarburos a posibles vínculos entre autoridades y estructuras criminales.
ANDREA QUINTERO
La detención de Juan “N”, alias “El Moco”, presunto líder de un grupo delictivo vinculado con el robo de hidrocarburos, se convirtió en uno de los episodios recientes de la lucha contra la delincuencia en Puebla. Su captura, anunciada el jueves 8 de octubre en Zacatlán, se suma a una serie de operativos desarrollados durante 2026 contra posibles integrantes de organizaciones criminales, responsables de delitos de alto impacto e incluso funcionarios municipales investigados por presuntos vínculos delictivos.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, “El Moco”, también conocido como “El Chaparro”, estaría relacionado con actividades ilícitas en Ahuazotepec, Zacatlán, Chignahuapan y Huauchinango, además de distintas zonas de Hidalgo. Su detención fue resultado de un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina, la SSP estatal, la Fiscalía General del Estado y la policía municipal de Zacatlán. Durante la intervención se aseguraron dinero en efectivo, equipos de radiocomunicación y un arma de fuego. Además, se le relaciona con posibles delitos de homicidio, portación de armas y actividades contra la salud, aunque corresponderá a las instancias judiciales determinar su responsabilidad.
Uno de los acontecimientos de mayor relevancia ocurrió en septiembre, cuando el Operativo Enjambre alcanzó al municipio de Esperanza, respecto a una investigación relacionada con una presunta estructura criminal dedicada al robo de transporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto. El operativo permitió la detención de nueve personas, entre ellas Isaac “N”, entonces presidente municipal de Esperanza, así como Abigail “N” y Manuel “N”, quienes posteriormente fueron vinculados a proceso por delitos relacionados con armas de fuego y, en el caso de Abigail, también por cohecho.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, las nueve personas detenidas quedaron sujetas a prisión preventiva oficiosa, mientras continúan las investigaciones correspondientes. Las autoridades ejecutaron 23 órdenes de cateo y aseguraron 35 armas de fuego, incluidos dos fusiles Barrett, 52 cargadores y 11 vehículos, cuatro de ellos blindados y otro con blindaje artesanal. También fueron localizados un dron, un inhibidor de señal y equipo táctico.
La intervención contó con la participación de autoridades federales y estatales, dentro de una investigación sobre presuntas actividades criminales en la carretera Puebla-Veracruz. El 7 de septiembre, el gobernador Alejandro Armenta respaldó públicamente el operativo y reconoció el trabajo de las instituciones federales encabezadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
A estas acciones se sumó la detención de Said de Jesús “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, el 4 de septiembre. De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General del Estado, fue aprehendido por su probable responsabilidad en abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y cohecho. Por separado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal mencionó otros delitos relacionados con su captura, sin que los comunicados consultados permitan aclarar esa diferencia.
Las acciones de seguridad también han alcanzado a personas investigadas por extorsión y ataques contra la población. El 2 de septiembre, el Gabinete de seguridad federal informó sobre la detención de tres personas en Puebla, entre ellas el presunto líder de una célula delictiva relacionada con extorsiones. En el operativo participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Marina y la Fiscalía General de la República.
Otro caso ocurrió el 14 de julio, cuando las autoridades estatales anunciaron la detención de Rafael “N”, identificado como probable responsable de realizar disparos contra vehículos que circulaban por la Vía Atlixcáyotl y zonas cercanas. La fiscalía estatal atribuyó la identificación del sospechoso a labores conjuntas de investigación e inteligencia con la SSP. En junio, un operativo coordinado permitió detener a 11 hombres presuntamente relacionados con el robo a transporte de carga. Las capturas formaron parte de 186 intervenciones realizadas entre el 8 y el 14 de ese mes, periodo durante el cual se reportaron 109 personas detenidas.
Las capturas individuales forman parte de un balance más amplio. El informe presentado el 14 de septiembre de 2026 por el secretario de Seguridad Pública de Puebla, vicealmirante Francisco Sánchez González, documentó 11 mil 503 personas detenidas entre el 14 de diciembre de 2024 y el 13 de septiembre de 2026, entre ellas más de 150 generadores de violencia y objetivos prioritarios.
Durante ese periodo, las autoridades reportaron 526 mil 278 acciones operativas en el territorio poblano, así como el aseguramiento de 1,110 armas, sustancias ilícitas y equipo presuntamente utilizado para cometer delitos.
El informe también destacó las intervenciones contra el robo de hidrocarburos: 196 personas detenidas por su presunta relación con ese delito, más de 3.5 millones de litros recuperados y alrededor de 900 tomas clandestinas inhabilitadas.
El reporte operativo semanal más reciente localizado, publicado el lunes 5 de octubre, informó de 78 personas detenidas en Puebla entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre. Durante esos siete días, las corporaciones participantes aseguraron 19 mil 470 litros de hidrocarburo, 3 mil 230 litros de gas LP, 314 envoltorios de presuntas drogas y 10 armas de fuego. También se recuperaron 61 vehículos con reporte de robo. El operativo contó con la participación de la Marina, la SEDENA, la Guardia Nacional, la SSP estatal y corporaciones municipales.
El balance estatal presentado el 18 de septiembre, con cifras correspondientes a enero-agosto de 2026, registró disminuciones en distintos delitos respecto al mismo periodo de 2025. La reducción del homicidio doloso fue equivalente a pasar de 598 víctimas durante los primeros ocho meses de 2025 a 454 en el mismo periodo de 2026, de acuerdo con los datos presentados por las autoridades poblanas.
Estos indicadores permiten observar cambios en la incidencia delictiva registrada; sin embargo, deben distinguirse de las estadísticas de detenciones, ya que no todas las personas capturadas han sido declaradas culpables y una disminución de delitos no puede atribuirse exclusivamente a las capturas.
Detrás de cada detención existe un trabajo que pocas veces se ve. Investigaciones, labores de inteligencia, vigilancia permanente y elementos de seguridad que enfrentan los riesgos de combatir a organizaciones delictivas. En Puebla, esta responsabilidad forma parte de los desafíos que enfrenta el gobierno de Alejandro Armenta, cuya administración mantiene una coordinación constante con las instituciones encargadas de proteger a la población.
En esta tarea, el mandatario poblano cuenta con el respaldo del gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dirigida por Omar García Harfuch, así como de la Marina, Defensa, Guardia Nacional y las fiscalías. Una colaboración que ha permitido sumar capacidades para enfrentar delitos como el homicidio, la extorsión, el narcomenudeo y el robo de hidrocarburos.
Desde las detenciones del Operativo Enjambre hasta la reciente captura de “El Moco”, los resultados documentados durante 2026 muestran el alcance de un esfuerzo institucional en el que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno. Para el equipo de seguridad de Armenta, el desafío no termina con la captura de un presunto delincuente: continúa con las investigaciones, la prevención de nuevos delitos y la protección de las comunidades.
Porque detrás de las cifras hay algo mucho más importante: familias que quieren vivir sin miedo, comerciantes que desean trabajar tranquilos, jóvenes que merecen crecer lejos de la violencia y comunidades que esperan recuperar la paz. Ese es el verdadero reto conjunto: que cada operativo, cada investigación y cada detención contribuyan a construir una Puebla donde la seguridad no sea solamente una estadística, sino una realidad que se sienta en las calles, en los hogares y en la vida diaria de sus habitantes.
