La gestión de Claudia Sheinbaum ha comenzado marcada por la implementación de las reformas legislativas que reestructuraron por completo al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El cambio más disruptivo es la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular.
Esta reforma significó una ruptura definitiva con el modelo judicial que se mantuvo vigente desde 1994. Un proceso impulsado inicialmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y cuya agenda encontró continuidad en la administración de Sheinbaum.
Pasar de un sistema de designación política a uno de elección popular es un paso radical en la relación entre el cuerpo judicial y la ciudadanía, transformando los perfiles de quienes encabezan el máximo tribunal. Entre las modificaciones principales destaca la reducción del pleno de la Corte a nueve integrantes.
Este nuevo esquema contrasta profundamente con aquel del sexenio de Enrique Peña Nieto, que con un método tradicional y ampliamente criticado por su opacidad y cercanía con el Ejecutivo, permitió al entonces mandatario proponer ternas de las cuales emanaron tres de los ministros de la Corte.
Ante este horizonte de transición, surge una interrogante que trasciende el debate político: ¿cuáles son los contrastes estructurales que diferencian a ambas gestiones? La respuesta podría encontrarse en dos variables críticas: la rigurosidad en la preparación profesional de las y los candidatos, y el diseño institucional del órgano encargado de impartir justicia en el país.
La capacitación de los ministros electos.
El perfil profesional y operativo de quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) expone un marcado contraste estructural entre el sexenio de Enrique Peña Nieto y la actual gestión de Claudia Sheinbaum. Durante la administración de Peña Nieto, el criterio de selección priorizaba la carrera judicial tradicional y una trayectoria técnica dentro de la administración pública federal, con ministros que acumulaban décadas de experiencia máxima en tribunales colegiados o dependencias del Ejecutivo.
En este sentido, según el portal de transparencia de la SCJN, el grado máximo de estudios del grupo de cinco de los ministros durante el sexenio de Peña Nieto destacaron por alcanzar como máximo la licenciatura en Derecho, el resto se encuentra con un posgrado oficial.
En contraste, el actual esquema de elección popular promovido en la gestión de Sheinbaum dio un vuelco hacia las credenciales académicas, pues todos los ministros ostentan un posgrado, presentando un perfil con mayor peso frente a la antigua corte del periodo 2012 – 2018.
Ante este horizonte, esta estructura proveniente de la nueva Reforma Judicial denota una clara diferencia en el esquema jurídico planteado en el sexenio de Peña Nieto, dejando claro que, perfiles con una mayor experiencia en el rubro jurídico tienen una mayor presencia a través del voto popular.
La reducción de candidatos ¿Un golpe menos severo al erario público?
De primera mano, la disminución del pleno de la Suprema Corte de once a nueve ministros se consolida como el estandarte económico de la nueva era judicial. Si bien la eliminación de dos ponencias completas, junto con sus respectivos vehículos, seguros de gastos médicos mayores, viáticos y prestaciones de alta burocracia, recorta significativamente el gasto operativo directo del máximo tribunal, el costo de la transición mitiga el ahorro.
Sin embargo, determinar si esta reducción en la SCJN alivia las finanzas del Estado requiere de contrastar entre el esquema ejercido en el sexenio de Peña Nieto y el que se vive en la gestión de Sheinbaum.
De alguna manera esta disminución de once a nueve ministros se concibe como un eje económico de la nueva era judicial. Bajo el esquema tradicional de Peña Nieto, los ministros contaban con un ingreso bruto anual promedio de 5.5 millones de pesos; hoy, la gestión de Sheinbaum ha impulsado una reducción salarial cercana al 50%, fijando un tope de 2.8 millones de pesos anuales por integrante.
No obstante, el verdadero contraste en este rubro radica en el costo de origen de ambos modelos. Mientras que la estructura de once ministros en el sexenio de Peña Nieto representaba un gasto fijo predecible y continuo, el nacimiento de la Corte electa en la gestión de Sheinbaum demandó un desembolso logístico sin precedentes para el Estado. El Instituto Nacional Electoral (INE) requirió un presupuesto precautorio de 13,205 millones de pesos únicamente para organizar y ejecutar la jornada electoral de juzgadores , una cifra histórica que superó por casi 5,000 millones de pesos a los comicios presidenciales previos.
Así, esta comparativa demuestra que los recursos que el erario público recortó en salarios y viáticos ministeriales terminaron absorbidos por el costo democrático de la reforma, transformando el ahorro en una redistribución del gasto institucional del Estado.
