La libertad de expresión es un derecho fundamental que permite a las personas expresar sus opiniones, ideas y creencias sin temor a represalias. Sin embargo, en el mundo actual, este derecho se ve desafiado por movimientos de “cancelación”, donde figuras públicas o privadas enfrentan consecuencias severas, a menudo a través de redes sociales, por declaraciones que son consideradas ofensivas o inapropiadas.

Estos términos tienen una relación que hoy en día cuentan de un sinfín de ejemplos mediáticos recientes que lo ilustran.

Por una parte, la libertad de expresión es reconocida como un pilar de las sociedades democráticas. De esta manera el derecho a la libre expresión amplia al ejercicio activo de la investigación, el recibimiento y difusión de información e ideas.

De acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Además, los principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indican que este derecho se encuentra estrechamente vinculado con el derecho colectivo a recibir información y opiniones, lo que impone al Estado la obligación de garantizar la pluralidad, la apertura y la libre circulación de ideas.

Por ejemplo, la libertad de prensa que forma parte del derecho a la libertad de expresión pues permite informar con un contexto previo sobre asuntos de interés público.

Sin embargo, esta libertad enfrenta límites, como el discurso de odio, que busca proteger a las personas de ataques basados ​​en su profesión, raza, género, religión u orientación sexual. Pero tampoco implica ausencia de consecuencias.

A lo largo de la historia, diversos pensadores han debatido sobre los límites éticos y morales de este derecho. Algunos argumentan que la sociedad debe tener el poder de rechazar y criticar expresiones que ofenden a otros, mientras que otros consideran que incluso las opiniones más controvertidas deben ser protegidas.

Por otro lado, la cultura de cancelación, o “cancel culture”, ha ganado notoriedad en los últimos años, especialmente en plataformas digitales. Este se refiere al acto de rechazar y marginar a individuos, a menudo figuras públicas, por acciones o comentarios percibidos como problemáticos. Este fenómeno va más allá de simplemente “no apoyar” a alguien; puede incluir campañas para derribar carreras, eliminar contenido y, en algunos casos, llevar a cabo consecuencias legales.

Un ejemplo reciente es el caso de la creadora de contenido YosStop, la influencer mexicana que fue objeto de controversia luego de ser detenida el 29 de junio de 2021 tras ser acusada de almacenar y distribuir pornografía infantil, además de discriminar a la víctima, en uno de sus habituales videos que hacia para su canal, titulado “Patética Generacion”.

Tras cinco meses de permanecer en prisión, fue puesta en libertad, llegando a un acuerdo reparatorio con un pago en bienes, económicos y una disculpa pública.

Esta situación generó un debate sobre hasta qué punto la opinión pública debería influir en las repercusiones que enfrenta un individuo por su expresión. Muchos defendieron su derecho a expresarse, mientras que otros argumentaron que sus palabras perpetuaban la violencia hacia las víctimas.

Sin embargo, la justicia decidió que saldría en libertad y no contaría con antecedentes legales.

Otro caso notable es el del influencer “Temach”, un creador de contenido controversial que ha enfrentado críticas por sus posturas políticas, de género y comentarios polémicos de la sociedad en general. Estos ejemplos destacan cómo el contexto social y la percepción pública pueden actuar como un juez tanto de la libertad de expresión como de la cultura de cancelación.

El dilema entre libertad de expresión y cancelación plantea preguntas difíciles. ¿Cómo podemos definir qué constituye un discurso dañino? ¿Es posible encontrar un equilibrio entre la defensa de la libertad de expresión y la necesidad de proteger a los grupos vulnerables? Es aquí donde se vuelve crucial fomentar diálogos constructivos y educar sobre la responsabilidad que conlleva la libertad de expresión.

La clave radica en reconocer que el derecho a expresarse conlleva también la responsabilidad de considerar el impacto que nuestras palabras pueden tener en los demás. Las voces discordantes son necesarias en cualquier democracia, pero el respeto mutuo debe ser fundamental. Cerrar el diálogo mediante la cultura de cancelación puede ser perjudicial, ya que podría limitar la diversidad de pensamientos y opiniones que enriquecen a la sociedad.

La tensión entre libertad de expresión y la cultura de cancelación refleja un momento crucial en nuestra sociedad. A medida que avanzamos, es esencial que alentemos conversaciones en lugar de silenciar voces. Tanto la libertad de expresión como la cultura de cancelación deben ser algunas a un análisis crítico constante. Los debates son necesarios y pueden ser sanos, siempre que se mantenga la apertura al diálogo y la posibilidad de aprendizaje.

El respeto hacia el otro, la empatía y la capacidad de escuchar son valores que debemos cultivar en nuestra búsqueda de justicia y verdad. En última instancia, la verdadera libertad de expresión debe permitirnos no solo hablar, sino también ser escuchados y, más importante aún, entender a quienes nos rodean.

La confrontación entre libertad de expresión y cancelación es un viaje que apenas comienza. El desafío radica en ser capaces de mantener esa libertad sin dejar de lado el valor del respeto y la comprensión. A medida que navegamos por esta era digital, una cosa es segura: el diálogo no debe ser cancelado.