Por unanimidad, se aprobó en lo general la Ley Contra la Extorsión en la Cámara de Diputados, el pasado 28 de octubre. Con el propósito de prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de este delito.

Como parte de una iniciativa presentada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se dio cumplimiento al decreto que definirlas herramientas jurídicas necesarias para que las autoridades de las tres órdenes de gobierno atiendan de manera eficaz el delito de extorsión, así como todas las respectivas instancias legales que deben implementarse para la prevención efectiva.

En este sentido, se busca implementar medidas de protección y asistencia para las víctimas y testigos, por lo que se ha precisado que este tipo de delito se investigará de oficio. Esto significa que el proceso correspondiente para la sanción y persecución de estos actos estará a cargo de la Federación, además no será necesario el levantamiento de una denuncia formal para dar inicio al proceso de investigación.

A través de esta iniciativa se precisa que, se podrán llevar denuncias anónimas a través del 089, requiriendo sólo la descripción de la forma en que se cometió el delito. A partir de este punto, el Ministerio Público deberá iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Con relación a las sanciones, se han determinado penas de 6 a 15 años de prisión y multas que van de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Desde el cobro de piso, hasta forzar a alguien a hacer o tolerar algo para obtener un beneficio, entran dentro de la categoría de extorsión.

No obstante, la más reciente modificación oficial ha formalizado que la pena a servidores públicos que sean cómplices de este delito no será tan severa como al principio. Penando de 10 a 20 años de prisión en un inicio, y replanteando una reducción considerable de 5 a 12 años.

Bajo el argumento de no equiparar la pena del servidor público con la de el presunto delincuente, esta modificación ha generado debate entre las bancadas de la Cámara de Diputados. Así mismo se manifestó, entre las propuestas de modificación, que debe existir un aumento en el presupuesto de las instituciones de seguridad para que se pueda combatir el delito de extorsión de manera más óptima.