La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió varias resoluciones que impactan en los Derechos civiles y obligaciones en materia de vivienda en el país.

Entre estas, resalta un orden al estado de Chihuahua en la que se pide reconocer los documentos emitidos por autoridades de una comunidad rarámuri para tener actas oficiales de nacimiento, puesto que existe un inconteble numero de personas que han vivido y fallecido sin este documento.

Este amparo a la comunidad de Tehuerichi, permitirá a sus autoridades las facultades necesarias del fedatario público para certificar nacimientos en el territorio. Mismas que deberán ser validadas por la dirección General del Registro Civil del estado.

Este fallo reconoce el derecho a la identidad y la autonomía de una comunidad, además de sentar el antecedente para atender la falta de documentación que por generaciones ha hecho falta a miles de personas indígenas.

Este fallo histórico se reconoce como tal puesto que desde 2012 la comunidad rarámuri de esta localidad solicitó este derecho a las autoridades, sin embargo, les fue negado sistemáticamente al desconocer la validez de los registros elaborados por el Siriame, máxima autoridad encargada de certificar los nacimientos y defunciones.

De acuerdo con la ministra María Elena Rios González (quien votó en contra) esto podría convertirse en un acto fraudulento ya que no todos “actúan de buena fe” ¿su justificación para esta hipótesis? Un caso similar cuando fue directora del Registro Civil del entonces Distrito Federal en 1998.

Por su parte, el ministro Aristedes Guerrero García presentó un proyecto en el que citó a la Encuesta Intercensal del INEGI en la demuestran que el 4.8% de quienes carecen del acta de nacimiento hablan una lengua indígena y el 22.7% se reconocen como personas indígenas, lo que se traduce en unas 205,000, una proporción 10 veces mas que en la población general.

Con esta accion, la Corte obliga a las autoridades de Chihuahua a diseñar políticas públicas que garanticen el derecho a la identidad, además de que dispuso una campaña registral en Tehuerichi en un plazo máximo de seis meses.

Además de eliminar barreras administrativas, respetar los nombres y apellidos tradicionales de la comunidad y no imponer nombres o apellidos castellanos, finalmente, deberán traducir la sentencia a la lengua rarámuri para posteriormente difundirla.