El pasado 17 de marzo la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío del nuevo Plan B al Senado de la República, el cual dibuja un replanteamiento respaldado por el PVE y el PT, para la reducción de privilegios al interior de los congresos y un nuevo enfoque para el uso de recursos públicos.

Pero ¿qué implicaba el Plan A de Sheinbaum y por qué causó inquietud en los aliados más cercanos del partido guinda?

El primer movimiento por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum iba por la eliminación de las listas plurinominales y la consiguiente reducción del congreso. Esta primera serie de acciones planteó el propósito de una participación ciudadana más activa, dejando de lado la selección a través de la lista prioritaria de cada partido y priorizando la mayoría relativa para. En este sentido, la reforma no sólo dibujaba el bosquejo de fortalecimiento democrático, siguiendo un eje muy similar al que se efectuó con la primer reforma judicial y la apertura ciudadana a elegir a sus representantes en el ámbito.

Sin embargo este primer planteamiento, fue motivo de la preocupación por parte de los partidos con menor representación el Partido Verde Ecologista (PVE) y el Partido del Trabajo (PT) ya que, al suprimir las plurinominales, aunado a la reducción del congreso, agrupaciones políticas pequeñas como las ya mencionadas corrían el riesgo de desaparecer, permitiendo la representación mayoritaria de fuerzas mejor consolidadas como PAN y Morena, limitando la participación de otras voces fuera de las grandes facciones.

No obstante, y a pesar de la negativa de la primer iniciativa, ambos aliados de Morena continuaron con el respaldo a Claudia Sheinbaum ante la presentación oficial del Plan B en materia electoral, que en esencia continúa con el eje de la reducción de privilegios a funcionarios y el incentivo a la participación ciudadana.

En este sentido, la segunda iniciativa fue presentada a la Cámara de Diputados,desplaza su centro a la reducción de privilegios y a la reducción de gastos que son considerados excesivos y que provienen de recursos públicos. De este modo, dichos recursos tendrán una nueva orientación y podrían destinarse, según lo ha declarado la mandataria nacional, a proyectos públicos.

De este modo, no sólo se reconfiguran los salarios y prestaciones de funcionarios estatales, también entre aquellos que se desempeñan en órganos electorales como el INE, conllevando el eje de “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” enfatizando que algunos salarios superan al del titular ejecutivo federal. En la conferencia del pasado 17 de marzo, Sheinbaum refirió al pago de diputados en Baja California Sur, donde se han registrado pagos de hasta 38 millones de pesos en el congreso estatal.

Sobre esta línea el senado se ve obligado a bajar el presupuesto, y aunque los partidos políticos no se verán afectados por la disminución de estos recursos, esta reforma implica una mayor transparencia en el monitoreo de los recursos públicos destinados a las distintas agrupaciones políticas, a través de la fiscalización, en caso que el INE lo requiere o incluso la Unidad de Inteligencia Financiera para revisar el origen de los recursos y que no exista ningún origen ilícito.

De este modo comienza una nueva jugada por parte del gobierno Federal, que antecedió una reforma que apostaba por un golpe fuerte a las irregularidades políticas y financieras al interior de los congresos y que, a pesar de su primer fallo, esta ocasión parece tener un rumbo más seguro esencialmente por el apoyo que obtiene nuevamente por parte del PT y el PVE.