Alejandro Armenta, Gobernador de Puebla, respalda la detención de Antonio Valente Martínez Fuentes, alias “El Toñin”, considerado por autoridades federales y estatales como uno de los líderes más violentos del llamado Triángulo Rojo, una región clave en el mapa del huachicol en Puebla.

Luego que el Secretario de Gobernación de la entidad, Samuel Aguilar, fuera objetivo de amenazas por parte del presunto líder huachicoleto, a través de un video difundido el 2 de diciembre de este año, en el que se presume el arrojo de insultos y reclamos directos al funcionario, motivo que incentivó a la denuncia presentada ante la Fiscalía de Puebla. Así mismo el gobernador reprobó el comportamiento de “El Toñín” a través de este video difundido en redes.

Este video surge con el propósito de defender a su hija, Guadalupe Martínez, y actual alcaldesa del municipio de Quecholac, Puebla, ante presuntos señalamientos por su participación directa en los bloqueos carreteros en la autopista Puebla-Orizaba, en los que también se resalta la posible participación de Antonio Martínez “El Toñin”.

En este sentido, el Gobernador Alejandro Armenta Mier solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) la captura de “El Toñín” al que se ha señalado por la presunta ejecución de cinco agentes, entre ellos elementos de la Guardia Nacional y tres más de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la región del Triángulo Rojo.

No obstante, aunque así lo parezca, no es la primera ocasión que un mandatario estatal solicita la detención de “El Toñin” ya que, en su momento, Miguel Barbosa Huerta que se mantuvo a la cabeza del gobierno estatal de 2019 a 2022, señaló al presunto líder huachicolero por la efectuación de delitos en la región.

Ante este escenario, Samuel Aguilar Pala, informó sobre una reunión con el Gobernador Alejandro Armenta para detallar los términos en los que se ha elaborado la demanda penal en contra de Antonio Martínez “El Toñin” ante la Fiscalía. Lo que muestra el interés por parte del Gobernador, por continuar en la lucha por la seguridad y la justicia de todas y todos los poblanos.

Pero ¿Por qué llama tanto la atención, y por qué razón se ha convertido en un objetivo prioritario de detención en el Estado de Puebla?

Originario de Quecholac, Puebla, se presume que Antonio Martínez se desarrolló en un entorno agrícola, sin embargo supuestamente a la edad de 30 años aproximadamente, “El Toñin” comenzaría su trayectoria en el robo de combustible.

A lo largo de los años, Antonio Martínez ha sido vinculado con hechos delictivos considerados de alto impacto, entre ellos el homicidio de policías y civiles. En este sentido, esta nueva pronunciación al público ha generado revuelo por presuntas sospechas sobre su capacidad de movilización y presión a las autoridades gubernamentales.

En su momento, el exgobernador Miguel Barbosa, dio a conocer la existencia de una orden de aprehensión en contra de “El Toñin”, quien había sido señalado por presunto robo de combustible y a transportistas en los municipios de Quecholac, Palmar de Bravo y Acatzingo.

Además se llegaron a identificar bienes y propiedades valuadas por encima de los 2 millones de pesos, lo cual generó sospechas y reforzó las acusaciones sobre su vínculo con el huachicol. Ya que, se presume, resulta incoherente la celeridad con que obtuvo estos bienes a su nombre.

Cabe mencionar, que tras un operativo por parte de la FGE en 2021, que tenía como objetivo prioritario a “El Toñin”, culminó con la aprehensión de su hermano, Alejandro Martínez Fuentes, que entonces se desempeñaba como Alcalde de Quecholac ante presuntos hechos delictivos.

No obstante, Antonio Martínez ha sido considerado por habitantes del municipio de Quecholac como un dador de beneficios debido a diversas acciones que ha llevado a cabo en favor de la población de la localidad, lo que lo consolida en una posición segura, y que ha dificultado su detención, como benefactor de Quecholac. A pesar de sus presuntas acciones delictivas, además respaldadas supuestamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por ello, trascendiendo las declaraciones de este nuevo episodio que involucra al presunto líder huachicolero, y a las autoridades gubernamentales, se deja al descubierto una posible problemática, que centra la normalización de personajes ligados a economías criminales influyendo en decisiones públicas.

No sólo por su posición como benefactor de su municipio natal, sino por la presunta organización detrás de los bloqueos bajo el argumento de defensa en favor de los intereses agrícolas. Catalogada como “una demostración de fuerza que ha afectado a la ciudadanía y consolidado un reto para las autoridades”.