El Hotel Barceló en la Riviera Maya ha sido el sitio de hospedaje de turistas nacionales e internacionales que invitan a pasar unos días paradisiacos a todo el que se queda aquí, sin embargo, la diversión no era para todos.

Mincho, era el protagonista del delfinario que habitaba este Hotel y sufrió un grave accidente al golpearse contra una plancha de concreto fuera de la piscina. Este animal tenía problemas oculares, sin embargo, era obligado a “trabajar” sin descanso, incluso después del percance.

Dicho siniestro no fue reportado a las autoridades ambientales, mientras tanto, Mincho muy probablemente adolorido, continuo con sus actividades, mientras todos los asistentes aplaudían y sonreían.

Este momento se volvió viral en las redes sociales a inicios del año. La Procuraduría Federal de protección al Ambiente (Profepa) llevo a cabo inspecciones en las instalaciones y varias irregularidades fueron detectadas: realización de acrobacias sin autorización, participación de delfines en tratamiento médico en los espectáculos sin aprobación veterinaria, entre otros.

El delfinario fue clausurado y se les impulso una multa de 7.5 millones de pesos a los responsables, catalogando este hecho como uno de los casos de crueldad animal mas siniestros en el país.

Mincho, por su parte, fue trasladado a otro centro operado por la misma empresa en Cancun y desde entonces su estado de salud es incierto y no hay indicios o datos oficiales de que el ejemplar siga con vida; sin embargo, los expertos advierten que las probabilidades de que sobreviviera a un golpe de esa magnitud son bajas.

Fue este acontecimiento lo que llevo al Senado de la Republica a aprobar por unanimidad la llamada “Ley Mincho”, una iniciativa impulsada por la organización Animal Héroes que establece la prohibición de espectáculos, interacciones de nado, reproducción con fin comercial, adquisición de nuevos ejemplares y el uso de tanque artificial para delfines y otros mamíferos marinos. Excepcionando a los proyectos de investigación y conservación, bajo estrictos protocolos científicos y sin fines de lucro.

Los centros de delfines se convirtieron en santuarios costeros o corrales marinos, que permiten que los animales tengan contacto directo con el mar y que las visitas de centren en la observación y educación ambiental.

“Las multas contemplan entre 200 y 75,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que puede traducirse en miles o millones de pesos, además de posibles clausuras y revocación de permisos.”

Sin embargo, este reto implica varios escenarios. Reconvertir instalaciones, garantizar la salud de delfines y ofrecer soluciones económicas a una industria millonaria, requerirá una alianza entre gobierno, sociedad civil y el sector privado.