
México arranca el 2026 con siete entidades federativas que concentran el 50.5% del total de los homicidios dolosos. A pesar de la gradual disminución de delitos de alto impacto en la República, en los primeros días de enero se reportaron hasta 90 víctimas.
En este sentido, además del homicidio, desapariciones forzadas y extorsión, se consolidan como otras categorías que prevalecen al alza en distintas entidades del país. No obstante, la reducción del 40% de homicidios dolosos en México, se registra un aumento en 27.5% de otros delitos como la extorsión.
Según el informe nacional de personas desaparecidas, entre 2024 y 2025 el número de casos aumentó más del 12% de personas no localizadas. Así mismo entre 2023 y 2025 la cifra de víctimas por extorsión creció a más de 10 mil víctimas registradas, motivo que ha llevado a reformas en materia de seguridad como determinar la extorsión como delito de oficio, que significa que no es necesaria una denuncia formal para su debido proceso.
Por otro lado, la Secretaría de Seguridad ha reportado el asesinato de hasta 147 personas en todo el país entre el 9 y el 11 de enero. 59 se efectuaron en Guanajuato y CDMX; 49 entre Baja California, Jalisco y Sinaloa; y 39 más que incluyen a Michoacán y Morelos a las entidades anteriores.
De este modo,
Cabe mencionar que, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el momento son siete las entidades federales que han registrado un aumento en el índice de inseguridad hasta inicios de este 2026 con Guanajuato a la cabeza:
Cabe mencionar que todos se posicionan en la cabeza con la efectuación de Homicidios, a diferencia de Estado de México, Michoacán y Guerrero que mantienen un aumento más notorio en delitos como extorsión.
De acuerdo con el análisis en estos estados persisten actividades relacionadas con crimen organizado, homicidios investigados bajo el protocolo de feminicidio, el hallazgo de restos óseos, así como robos de vehículos y privación de la libertad, entre otros.
Ante este panorama, la Estrategia de Seguridad Pública implementada por el Gobierno Federal busca el combate a este tipo de delitos a través de la implementación de programas sociales y la continua coordinación entre los distintos órdenes gubernamentales. No obstante, una de las preocupaciones que se mantienen arraigadas es el combate al crimen organizado, consolidado como una de las principales fuentes en delitos de alto impacto.